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La jefa comunal que sigue sin rendir cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) es Mirtha Fernández (PLRA) de Valenzuela, departamento de Cordillera, quien no presenta documentación alguna desde finales del 2021 cuando asumió su tercer periodo municipal.
La mujer está acusada por supuesta lesión de confianza y asociación criminal y presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en agosto del año pasado para evitar ir a juicio oral y público por una malversación de G. 1.105 millones durante su anterior gestión municipal.
El otro intendente que está en “rojo” ante la Contraloría es Antonio Apezteguía (ANR) de San Vicente Pancholo. Mientras que, los gobernadores que presentaron sus documentos de manera tardía, es decir después de la primera quincena de mayo, son: del departamento Central Gustavo Machuca (ANR) y de Concepción Zulma Domínguez (PLRA).
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Por otro lado, los intendentes que entregaron sus documentos, pero de manera tardía ante el ente contralor son: Javier Peralta (ANR, FR) de Belén, David González (PLRA) de Capiibary, Fabio Díaz Mendoza (PLRA) de Juan de Mena, Derlis Martínez (PLRA) de Mbocayaty de Yhaguy, Gustavo Penayo (ANR, HC) de Caapucú, Moisés Recalde (ANR, HC) de Fuerte Olimpo e Hilario Adorno (ANR, FR) de Puerto Casado.
El informe también refleja que se encuentra en proceso de verificación la rendiciones de cuentas del uso de Fonacide de unos 30 jefes comunales y tienen recepción autorizada 248 instituciones, que incluyen municipios y gobernaciones.
Además están en proceso de verificación 96 rendiciones de cuentas del uso de royalties y 182 cuentan con verificación autorizada.
No dejarse engañar
La CGR emite casi de manera mensual un informe detallado de las rendiciones de cuentas del uso del Fonacide y royalties en su portal https://www.contraloria.gov.py/ en donde la ciudadanía puede ingresar a verificar la planilla de las autoridades que entregan sus documentos o lo hacen de manera tardía, para no dejarse engañar por los jefes comunales que en sus redes sociales publican sus “constancias de presentación” alegando que las documentaciones ya están y son ejemplo de “gestión transparente”.