Esta iniciativa fue objetada totalmente, porque el anterior Poder Ejecutivo detectó que de los G. 52.826.575.444 que se pretenden repartir a empleados estatales sin función alguna del Puerto de Asunción para acogerse a la figura del “retiro voluntario”, según el Código Laboral, solo corresponde desembolsar unos G. 29.973.464.282.
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Es decir, que el monto que se establece en el proyecto de ley es casi el doble de lo que legalmente corresponde.
El diputado Daniel Centurión (ANR, FR) planteó el aplazamiento para analizar el tema y, aunque inicialmente se opusieron varios legisladores, como la proyectista Jazmín Narváez (ANR, HC) y los diputados Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, PLRA, C) y Diosnel Aguilera (PLRA, C), estos se terminaron allanando.
Otro punto cuestionable es que, supuestamente, se plantea dejar de abonar mensualmente salarios a unos 654 funcionarios, pero en la ley no hay ninguna garantía de que Puertos no contrate más funcionarios después.
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