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Para esta reunión extraordinaria que se realizará en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores fue convocado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel y el ministro del Interior, Enrique Riera, por proyectos relacionados a sus instituciones, pero no aparece en agenda tratar la ampliación para la Fiscalía.
El Ministerio Público requiere una ampliación presupuestaria de G. 80.220 millones para contratación de fiscales y para el pago de deudas (alquileres, energía eléctrica, impuestos y otros) que dejó la anterior fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez y que fue postergado el pasado miércoles en la sesión ordinaria.
Esta dilación sospechosamente coincide con cuestionadas medidas asumidas desde la Fiscalía, principalmente lo referente a la intimación fiscal para conocer nombres de periodistas que publicaron información pública relacionada al expresidente Horacio Cartes.
Al estar pendiente el proyecto, se presta al menos a sospechar de que la aprobación podría ser utilizada como mecanismo de chantaje, es decir, dar a cambio el presupuestos solo si el Ministerio Público actúa acorde a la mayoría cartista que ahora impera en Cámara Baja.
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En paralelo, dan prioridad al pedido de ampliación de G. 102.650.692.000 solicitado por la Corte, que supuestamente son para el sostenimiento y “descentralización” del sistema judicial.
En su pedido, la Corte consigna millonarios montos para alquileres, reparación de edificio, pero también para cuestionados gastos como miles de millones para ampliar el presupuesto de “Seguro Vip” de sus funcionarios.