La secretaria general del sindicato de funcionarios del Poder Judicial, Porfiria Ocholasky, envió la nota al ministro César Diesel en donde le indica que “en carácter urgente trate y disponga direccionar los recursos financieros destinados para el rubro 500 solicitados en el Anteproyecto del Presupuesto del Poder Judicial del 2024 y destinarlos a la regularización salarial de los funcionarios judiciales”. La sindicalista alega que el poder adquisitivo de los funcionarios judiciales hace 11 años está por debajo del costo de vida.
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Asegura que los funcionarios del Poder Judicial hace 11 años no recibe un aumento salarial, sin embargo, nada dice en su nota que cada año es destinado un millonario monto para “recategorización o desprecarización” que son aumentos salariales maquillados en el presupuesto judicial.
La sindicalista Ocholasky solicita un aumento salarial de G. 391.070 hasta G. 4.528.660 para los actuarios, oficiales de secretaría dactilógrafos y ujier. Asimismo, pide para los demás funcionarios un aumento de entre el 5% y 20%, dependiendo de su cargo y salario que reciban actualmente.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó la semana pasada a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso la aprobación de su proyecto de presupuesto 2024 que asciende a más de G. 2,4 billones (US$ 329,9 millones), que incluye aumento salarial para ministros, jueces, magistrados, así como la creación de 1.552 nuevos cargos.
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En el anteproyecto del presupuesto del Poder Judicial que el ministro Diesel defendió ante la Comisión Bicameral se destinan G. 448.119.618.431 al rubro 500, es decir, a inversiones en adquisición de inmuebles y construcciones y mantenimiento. Algo sumamente necesario teniendo en cuenta que muchas sedes judiciales están en pésimas condiciones y otras funcionan en predios alquilados.
En tanto que para el reajuste salarial para actuarios judiciales, actuarios especializados, oficiales de secretarías, ujieres y los demás 7.721 funcionarios administrativos y judiciales se destinarán G. 110.976.062, según el anteproyecto del presupuesto.
El proyecto pretendido por la Corte Suprema de Justicia se financiará en un 17% con recursos institucionales, 83% con recursos del Tesoro, representando un aumento del 63% con relación al presupuesto institucional del año 2023.
En la nota presentada por Ocholasky el pasado 12 de setiembre se indica también que “es necesario postergar las construcciones y compra de inmuebles en detrimento de los reajustes salariales para los funcionarios judiciales”.
Asimismo, pide rever las “nivelaciones salariales” que superan los porcentajes solicitados como lo correspondiente a la Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General de Planificación y Desarrollo, así como las creaciones de cargo. (ver infografía).