La Cámara de Senadores analizó hoy el proyecto de ley que plantea suspender por cinco años la habilitación de nuevas carreras de medicina ante el descontrol existente.
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Durante el debate, Gustavo Leite (ANR, HC), titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió la postergación y devolver el proyecto a comisiones para un mayor estudio y audiencias públicas. Tuvo el apoyo de sus compañeros de bancada, de algunos colorados independientes y de varios liberales. Sin embargo, no reunieron los votos suficientes.
A raíz de esto, los cartistas abandonaron la sesión y dejaron sin quorum el estudio de esta iniciativa y de todos los otros puntos pendientes en el orden del día.
Calidad vs. mercado
Blanca Ovelar (ANR), una de las proyectistas, dijo que por los intereses en juego, este tema se ha convertido en una “guerra” en que se pretende instalar que la calidad universitaria está por debajo de las necesidades del “mercado”. Recalcó que, según datos internacionales, Paraguay está en último lugar en formación medicinal por el descalabro del sistema.
Norma Aquino, alias Yami Nal (Ex-CN), subrayó que hay 43 facultades de medicina.
Gustavo Leite dijo que se adhiere a la preocupación por las universidades de “garage”, pero señaló que prohibir no era la solución, sino elevar la calidad. Mencionó que el Paraguay podría tener 43 hospitales nuevos en esas facultades si se cumplen los estándares para el 2028.
Hay 9.000 brasileros en Pedro Juan Caballero
Leite recalcó que hay países y ciudades que viven de los universitarios. Subrayó que solo en Pedro Juan Caballero hay 9.000 estudiantes brasileros que contribuyen en la economía local con alquileres y compra de alimentos.
“Esto es un mercado, esto es un mercado”, dijo en contrapartida la senadora Blanca Ovelar.
La senadora Esperanza Martínez (FG) indicó que se debe actuar por las universidades que hacen mal las cosas y Éver Villalba (PLRA) dijo que aunque todos tengan “su verdad”, la situación actual es de emergencia. En tanto, el senador Líder Amarilla (PLRA) también sostuvo que la ley era inconstitucional al plantear prohibir la habilitación de facultades.