Senado exige datos sobre impunidad a transportistas

En reacción a las publicaciones de nuestro diario, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) fue quien presentó ante el pleno de la Cámara Alta un pedido de informe al Viceministerio del Transporte (VMT), dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al que acusó de estar “mudo” y “sordo” ante las quejas de los usuarios y los reclamos de transparencia de la ciudadanía, el cual fue aprobado.

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“Estamos a punto de aumentarle el 83% del subsidio al transporte público sin tener ninguna respuesta del Viceministerio del Transporte sobre lo que están haciendo para el cumplimiento por parte de las empresas, de los acuerdos que se firman cuando se entregan los subsidios”, señaló la parlamentaria.

Sondeo revela pésimo servicio

Martínez indicó que en una encuesta de elaboración propia, la ciudadanía dice padecer esperas de una hora y media de duración y que no existen paradas ni refugios contra el calor, el frío, la lluvia o los raudales.

Lamentó que el sector privado se jacte de ser “el paladín” de la eficiencia en la economía, sin embargo, el Paraguay tiene “el peor transporte del mundo”.

Agregó que en su sondeo también se denuncian frecuencias de circulación inciertas y que en las noches los pasajeros se exponen a asaltos y acosos sexuales, principalmente las estudiantes universitarias.

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Indicó además que los días de lluvia y los fines de semana la frecuencia de salida de los ómnibus se reduce aún más imposibilitando a la ciudadanía asistir a eventos sociales y culturales.

Agregó que otra denuncia es que la carga remota de tarjetas de billetaje electrónico no es compatible para las dos tarjetas de las empresas prestadoras de la tecnología. “Los buses con lectores de tarjetas Jahá no validan la carga en buses que tienen lectores de Más”, agregó.

Señaló que por ello el pedido de informe aprobado por el pleno exige datos sobre la falta de control y cumplimiento de las sanciones a los empresarios, tales como la circulación de buses chatarra, el maltrato y el hacinamiento; el incumplimiento de la ley de boleto estudiantil y para personas con discapacidad y de la tercera edad.

En el primer trimestre de este año el Estado desembolsó US$ 11,3 millones a los transportistas del área metropolitana.