Proyecto cartista de ley busca limitar participación de organizaciones civiles en política pública, denuncian

En comunicación con ABC Cardinal, Dante Leguizamón, secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), cuestionó un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional que busca controlar los fondos que reciben las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay.

Ayer fue recibido con rechazo en una audiencia pública en el Congreso un proyecto de ley presentado por la bancada cartista de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) en el Senado que busca modificar la Ley 1.535/99 de administración financiera del Estado.

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Leguizamón, quien participó de la audiencia de ayer en el Congreso, reiteró sus cuestionamientos hacia el proyecto y argumentó que este “prohíbe expresamente a las instituciones del Estado realizar acuerdos y convenios con organizaciones de la sociedad civil cuyo presupuesto no haya pasado por el Presupuesto General del Estado”, lo que -a su juicio- constituye un intento de restringir la participación de la sociedad civil en las políticas públicas.

Dijo coincidir en que “cualquier organización que reciba fondos públicos debe estar a disposición para los controles” como medida de transparencia, pero insistió en que el proyecto de ley “tiene muchas deficiencias”.

ONG: ya existen registros

Citó como ejemplo de esas deficiencias la propuesta de crear un Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales y señaló que “ya existen al menos cuatro registros” en los que todas las ONG deben registrarse formalmente, algunas a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, que a través de la Dirección de Ingresos Tributarios estaría a cargo del registro que propone el proyecto.

Opinó que es ilógico que, “para participar en la discusión de políticas públicas y aportar a los procesos, tu presupuesto tenga que entrar al Presupuesto General de la Nación”.

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Sobre el argumento de que el proyecto de ley busca controlar la financiación a ONG para evitar “imposiciones” sobre la política pública paraguaya desde el extranjero, Leguizamón señaló que la cooperación internacional no impone los proyectos a realizar, sino que son las ONG de Paraguay las que elaboran sus proyectos y en base a eso buscan financiamiento.

Señaló también que es responsabilidad del Estado determinar cuáles de las propuestas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil son convenientes o factibles de implementar.

Intento de silenciar

En la audiencia de ayer, Leguizamón manifestó que obligar a las organizaciones de la sociedad civil a introducir sus fondos en el Presupuesto de la Nación limita la libertad de asociación y opinó que se trata de una represalia del sector político por el “rol contralor” que pueden adoptar las ONG.

Representantes de otras organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Estudios Judiciales, Sonidos de la Tierra, Denide, el Centro de Estudios Ambientales y Sociales o el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, además de la senadora opositora Kattya González (Partido Encuentro Nacional), se manifestaron ayer en contra del proyecto de ley.