En solo 6 horas, Congreso sanciona emergencia penitenciaria por un año

El trámite expeditivo de este proyecto de ley “que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establecer los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas” por plazo de un año se inició ayer a las 11:12, en una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.

Limitando el debate a pedido de los colorados, Diputados dio media sanción en menos de treinta minutos y remitió inmediatamente al Senado.

En Cámara baja, no hubo mayores cuestionamientos al proyecto en sí, sino más bien como de costumbre el diputado Yamil Esgaib (ANR, cartista) pidió casi inmediatamente cerrar la lista de oradores.

El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) reclamó que una vez más se pretenda aprobar un proyecto de ley sin siquiera debatir y, más tarde, mencionó que la sola dotación de recursos económicos al ministerio no basta, sino que también hay que desarticular el “respaldo político” a grupos criminales.

“Quiero nomás poner sobre la mesa que de nada va a servir que aprobemos una ley de emergencia como la que vamos a aprobar si no depuramos también el poder político, que es cómplice de más de una banda criminal en este país”, dijo Benítez, ante lo cual los colorados empezaron a “patotearlo” y trataron de evitar que hable.

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En la Cámara de Senadores, el trámite tardó un poco más, ya que el pleno se tuvo que constituir en comisión para dictaminar.

Cartistas se negaron a modificar proyecto de emergencia en cárceles

Los senadores Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista) y Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) plantearon algunas modificaciones que los cartistas no permitieron introducir, ya que ello implicaría el retorno a la Cámara baja, y los plazos por el inicio del receso parlamentario ya no daban.

Es así que pese al pedido de modificación, cerca de las 17:25, el proyecto fue aprobado por amplia mayoría y a mano alzada en el Senado y ahora queda en manos del Ejecutivo la promulgación.

Entre los puntos principales del proyecto sancionado, puntualmente en el artículo 6º, resalta el aval legal para que el Ministerio de Justicia pueda utilizar a policías y militares para el control interno de los penales, algo que actualmente está a cargo de agentes penitenciarios.

“El Plan de Seguridad Penitenciaria con las Fuerzas Públicas tendrá por objetivo coordinar las acciones conjuntas del cuerpo de seguridad penitenciaria, del Ministerio de Justicia, con los efectivos correspondientes de las Fuerzas Públicas, en Seguridad y Vigilancia de los Centros Penitenciarios”, dice el proyecto.

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Además se faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a gestionar recursos de manera prioritaria para el Ministerio de Justicia, “para llevar adelante obras de infraestructura y la compra de equipos tecnológicos de seguridad” y se flexibiliza lo dispuesto en la Ley de la Función Pública, a fin de “llevar a cabo contrataciones de personal en carácter de excepción”.

Segunda fase de operación Veneratio

El ministro de Justicia, Ángel Barchini, que el pasado martes fue hasta la Cámara de Diputados para pedir personalmente la aprobación de este proyecto de ley antes del receso parlamentario (que se inicia hoy), mencionó que esto permitirá desarrollar lo que denominó la segunda etapa de la operación “Veneratio”, ya que tras el trabajo de sometimiento a grupos criminales y recuperación del penal de Tacumbú, se debe garantizar que los mismos no vuelvan a reagruparse en los sitios en los que fueron reubicados.

También mencionó que sobre todo solicitan la utilización de las fuerzas públicas (policías y militares) ya que tiene un gran número de agentes penitenciarios coludidos con los criminales.