Este sábado se dio a conocer la cancelación del contrato para la adquisición de equipos de seguridad penitenciaria por parte del Ministerio de Justicia. El contrato se había firmado con la empresa Dolfi SA, representada por Álvaro Yaluk Ketterer.
La mencionada adjudicación prevía un costo de G. 6.596.772.002 “para el mejoramiento de la infraestructura en materia de seguridad y control del sistema penitenciario”.
El comunicado del Ministerio de Justicia indica que “la determinación busca garantizar la transparencia en la utilización de los recursos del erario público”.
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Emergencia penitenciaria
La licitación se realizó por la vía de la excepción en el marco de la Ley N° 7238, de emergencia penitenciaria, que el presidente Santiago Peña firmó el 22 de diciembre último.
Esta acción de nulidad se da recién luego de que los datos de que la empresa pretendía cobrar muy por encima de los precios de mercado salieran a luz pública.
Además del alto monto que se cotizó por cada computadora, resalta aún más que se destinaron G. 21.997.074 por “mano de obra de instalación” (es decir más de G. 7 millones por encender cada equipo). La firma encargada de la “instalación” de las notebooks fue la misma de Álvaro Yaluk Ketterer.