Como garrapatas, parentela política se aferra a arcas del Estado y las desangra

El nepotismo es “moneda corriente” en el Congreso Nacional. Si bien muchos familiares de senadores y diputados empezaron a entrar ya en agosto, y otros incluso fueron ubicados en periodos anteriores, fue a partir del 22 de septiembre que se registró la “primavera de nepotismo” sobre todo en la Cámara Baja, con repartija de altos cargos y aumentos salariales para familiares de legisladores.

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Las investigaciones periodísticas revelaron una treintena de casos de familiares de legisladores que “están mejor” gracias a su vínculo familiar solo en las cámaras de Senadores y Diputados, es decir, sin contar otras instituciones.

Solo en el Poder Legislativo, y contando desde septiembre, los casos denunciados representan hasta ahora un gasto de G. 1.175.201.468 en solo cuatro meses.

Esto incluso sin contar eventuales casos no detectados, ni el aguinaldo proporcional pagado en diciembre, y tampoco, beneficios extraordinarios como el seguro médico “vip” para cada uno de los “nepobabies”.

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Entre los salarios más altos de hijos o familiares de políticos en el Congreso, destacan el de Clarissa Núñez Monjagatta, hija del senador Carlos Núñez Agüero (ANR) y el de Luz Mariela Ledesma Morales, hija del senador José “Pakova” Ledesma (PLRA), que cobran G. 21 millones cada una.

Nepotismo: la hija del vicepresidente se aferra al cargo

Le siguen Graciela Baruja, hermana de Juan Carlos Baruja, senador con permiso y titular del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), que cobró en octubre G. 20.000.000 y la hija de Pedro Alliana, Montserrat Alliana Encina, que a sus apenas 25 años y sin concursar, ya cobra G. 18.274.300.

Pese a aisladas promesas de renuncia, la realidad es que hasta ahora ninguna se sustanció realmente y todos siguen aferrados a los cargos.

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La única excepción es la de Alejandro Ovelar Ayala, hijo del presidente del Congreso, senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), cuya renuncia si fue confirmada.

El caso de Ovelar es el único investigado penalmente por los fiscales Natalia Fúster, Diego Arzamendia y Belinda Bobadilla, en base a una denuncia presentada por la abogada Teresa Flecha.