Santiago Peña firma decreto que reglamenta el Presupuesto 2024

Este viernes, el presidente Santiago Peña anunció que firmó el decreto 1.092, que reglamenta la ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el año 2024, una herramienta legal necesaria para la ejecución de los fondos públicos durante el presente ejercicio.

“Tenemos por delante un año que será clave para llevar a cabo los grandes desafíos que tenemos como país”, reza un mensaje del mandatario que acompañó al anuncio de la firma del decreto en redes sociales.

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El presidente Peña promulgó el pasado 29 de diciembre la Ley 7.228, que aprueba un Presupuesto General de 116,65 billones de guaraníes (15.827 millones de dólares) para el ejercicio 2024.

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En el Presupuesto General para este año se tiene en cuenta varios aumentos con relación a los montos de 2023: 11.000 millones de guaraníes adicionales para los partidos políticos, 4.000 millones más para gastos operativos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, 20.000 millones extra para el Programa Alimentario Nutricional Integral y 2.000 millones para el Ministerio de la Mujer, entre otros incrementos que también benefician a instituciones como la Universidad Nacional de Asunción, entre otras.

Contexto de nepotismo

La reglamentación del Presupuesto General llega en un momento de tensión social ante las revelaciones de aparentes casos de nepotismo en el Poder Legislativo, donde familiares de políticos ostentan cargos “de confianza” a los que accedieron sin concurso, en varios casos con generosos salarios.

Uno de los casos más llamativos que se hizo de conocimiento público en las últimas semanas es el de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, quien tiene un cargo en la Cámara de Diputados cuyas funciones no están claras, con un salario mensual de más de 18 millones de guaraníes.

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Casos similares involucran a hijos o parientes de políticos como el senador Silvio Ovelar (ANR, HC), presidente del Congreso –cuyo hijo se vio obligado a renunciar a su puesto en la Cámara Baja-, la diputada Roya Torres (PLRA), el diputado Domingo Adorno (ANR) y varios otros parlamentarios.

Esta semana, activistas anticorrupción presentaron una denuncia penal contra el presidente Alliana, el senador Ovelar y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR), por supuesta lesión de confianza y tráfico de influencias en el marco de los supuestos casos de nepotismo.