Atendiendo que el proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 30 de la Ley Nº 879/1981 Código de Organización Judicial, (...) sobre que el Tribunal de Cuentas no podrá realizar la evaluación de cuentas de los organismos” del Estado tiene fecha límite de tratamiento el próximo 23 de abril, ayer en mesa directiva de la Cámara de Diputados se dispuso incluirlo ya para su tratamiento en la sesión de mañana, convocada para las 09:00.
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A raíz de la inclusión entre los puntos a ser tratados, la comisión de Asuntos Económicos y Financieros postergó para hoy su sesión habitual de los lunes, a fin de emitir dictamen al respecto.
El proyecto busca impedir por ley que varias instituciones del Estado sigan recurriendo al Tribunal de Cuentas, un órgano dependiente del Poder Judicial sin capacidad constitucional ni operativa para controlar el uso de fondos públicos, con lo cual logran evitar ser fiscalizados por el órgano natural, que es la Contraloría General.
“Eso lo que se quería evitar (con este proyecto), terminar con esas ambigüedades y que definitivamente se deje de puentear a la Contraloría. Ahora vamos a estudiar bien los argumentos del Ejecutivo y también la visión política que tenemos en la Cámara”, dijo ayer el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Hugo Meza B (ANR, B- oficialista) que, particularmente, está a favor de rechazar el veto presidencial.
A la espera de otro dictamen, la Comisión de Legislación ya emitió uno en mayoría por el rechazo del veto del Poder Ejecutivo.
Peña apaña evadir controles
Pese a que el proyecto de ley taxativamente dice que “el Tribunal de Cuentas con funciones contencioso-administrativos no podrá recibir expedientes ni documentos que guarden relación con cuentas de Organismos y Entidades del Estado a partir de la promulgación de la presente Ley”, según argumentó Santiago Peña en su veto, esto no evitará que se siga recurriendo a estas prácticas a través de acciones de inconstitucionalidad.
La Constitución establece que el órgano facultado para el control es la Contraloría y no el Tribunal de Cuentas, cuyas atribuciones se relegan a la ley, y no tienen rango constitucional.