En diciembre último, el Colegio de Abogados de San Lorenzo remitió al Congreso su posicionamiento, en el que condena firmemente el proyecto de ley -que ya tiene media sanción de los diputados- de “devolución premiada”, que propone dejar impunes a administradores públicos corruptos que sean pillados embolsillándose dinero público, a cambio de que supuestamente devuelvan lo robado. La fecha límite para la sanción ficta es el 31 de mayo.
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“Nuestra institución considera que la propuesta legislativa es “categóricamente inconstitucional y, también inmoral y peligrosa” y “que no contribuirá sino a derruir más la ya pervertida conducta de quienes, estando obligados a observar el más celoso respeto por la dignidad y decoro del funcionario público, reniega de su deber para optar por el delito del robo, de la corrupción y la deshonra”, afirmó el gremio en su pronunciamiento remitido al Congreso.
Los juristas de aquel grupo hacen énfasis en resaltar la inconstitucionalidad de la propuesta, al atentar contra el artículo 106 de la Carta Magna, que “consagra que ningún funcionario o empleado público, en caso de transgresiones, delitos o faltas que cometiere en el desempeño de sus funciones, está exento de responsabilidad”.
El proyecto de ley fue aprobado en tiempo récord (menos de tres minutos) en Diputados, aprovechándose la ausencia de opositores que se retiraron a modo de protesta contra el tratamiento también en esa sesión de la ley de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
El plan de Esgaib puntualmente propone modificar el artículo 67 del Código Penal, que se refiere a los atenuantes de una pena, agregando que “cuando el hecho punible haya ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado, el marco penal aplicable podrá ser atenuado hasta el cincuenta por ciento de la pena aplicable, si es que el autor o partícipe voluntariamente repara el perjuicio patrimonial ocasionado”.
“La propuesta legislativa pretende un acomodo faccioso de exención o liberación, en el interés espurio de sortear el mandato de orden superior y de orden legal, a fin de beneficiar a un depredador confeso de los intereses públicos, lo cual resulta intolerable moral, legislativa y constitucionalmente”, insiste el gremio en su pronunciamiento.
Advierten que además habrá violación de la Constitución y que esto incentivaría la corrupción. Fueron bastante enfáticos en repudiar las expresiones de Esgaib, que había alegado que los funcionarios públicos corruptos “no son peligrosos”.
“Cualquier tolerancia con la corrupción es propiciarla y fomentarla”, por lo que se deben plantear medidas más severas, “‘sacando de la cancha’ de inmediato a sus ejecutores y mentores, porque desprecian sus deberes, reniegan de la moral y la integridad”.