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La mayoría oficialista que impera en Diputados sancionó ayer sin modificaciones el proyecto de ley de “reestructuración” del Estado, pese al pedido de los opositores de postergar por una semana para aportar algunas sugerencias. Ante consultas a los oficialistas sobre los organismos que estaban en la mira, aseguraron que no existía una lista.
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La iniciativa, en su versión original, establecía una lista de una treintena de entes a ser fusionados o suprimidos, pero eso se testó en el tratamiento previo en el Senado, estableciendo un “marco general” para llevar adelante el “reordenamiento” del Estado, bajo la excusa de mejorar el gasto público. Sin embargo, esta intención se contrapone a nombramientos de amigos y familiares como los casos de nepotismo.
La titular de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR, cartista) dijo que el proyecto “establece criterios, principios, metodologías y normas generales “para la reforma del Estado” y evita la “duplicación y superposición de funciones” entre entes, estableciendo mecanismos para la creación, modificación, fusión y supresión de instituciones públicas”.
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Acotó que esto afecta a “todos los órganos y entes del Estado, con excepción de las sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado y, de manera supletoria, los municipios para los casos no previstos en la Ley Orgánica Municipal”.
“Siendo sinceros, se habla de una reforma del Estado,(...) pero debo decir que el título es un poco grandilocuente para lo que realmente presenta la ley”, sostuvo el diputado Raúl Benítez, del Partido Encuentro Nacional (PEN), que calificó cuanto menos de ambigua la propuesta.
Algo que sí consideró claro es que “va a adquirir un poco más de poder ‘Lord’ Carlos Fernández Valdovinos. Aparentemente, este Congreso está dispuesto hasta a otorgarle una banca”, añadió.
El líder de la bancada PL, Rodrigo Blanco (PLRA), dijo que si el Ejecutivo tuviera voluntad política de hacer una reforma, ahora mismo tiene la posibilidad de hacerlo. Agregó que temen que con esta y otras leyes, siga acumulando más poder aún.
“Lo que no queremos es (que asuman) la suma de poder público, claramente prohibido en nuestra Constitución y que sea una antesala a otros proyectos que van a ingresar -como la del Servicio Civil- y que finalmente entremos de vuelta a un escenario de acumulación y centralización de poderes, sin el consenso”, advirtió Blanco.
Aclaró que incluso desde la oposición querían aportar a este proyecto y pidió postergarlo una semana, pero eso se rechazó. Varios cartistas e incluso opositores reconocieron que al menos está establecido en el artículo 21 que para la creación, fusión, supresión de instituciones o modificación de carta orgánica de ministerios, viceministerios o secretarías del Ejecutivo, se deberá hacer por ley.
“Quiero enviarle una tranquilidad a todos los funcionarios del Estado paraguayo que desde esta cámara, y en particular desde nuestra comisión, quién les habla, vamos a ser responsables en el análisis para que esas instituciones a ser fusionadas tengan necesidad de eso”, dijo el titular de la Comisión de Asuntos Económicos, Hugo Meza (ANR, B - oficialista).
Pese a esa promesa, el Ejecutivo tiene amplia mayoría en ambas cámaras para imponer su postura.
Sin saber aún resultados
La “reorganización” del Estado fue sancionada sin saber aún si las unificaciones previas fueron positivas. Recién ayer pidieron informes sobre resultados de la fusión de Hacienda, Secretaría de la Función Pública y la Secretaría Técnica de Planificación para crear el Ministerio de Economía y Finanzas); y la de Tributación y Aduanas, que hoy es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).