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Casi seis meses después de ser divulgados los escándalos de los “nepobabies”, es decir, hijos de políticos contratados en el Congreso y otros entes estatales, siendo en su mayoría planilleros, el Senado sigue sin definir un proyecto de ley que atienda el repudio ciudadano. Todo parece indicar que la versión oficialista será la aceptada mediante la aplanadora de votos cartistas y de sus aliados “satélites” opositores.
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Por un lado, la iniciativa popular “Chau nepotismo”, liderada por Soledad Núñez, tuvo el apoyo de 61.000 firmas digitales. Sin embargo, los senadores siguen ignorando su tratamiento. Plantea derogar la ley vigente N° 5295/2014, establece penas de cárcel, define el tráfico de influencia ya sea en el mismo ente o los casos de nepotismo “cruzado” entre diferentes entes estatales.
Por otro lado, el senador Eduardo Nakayama (ex-PLRA) presentó un plan similar a la iniciativa popular en que las sanciones se diluyen (Ver el cuadro). Define nepotismo como “la utilización directa o indirecta de influencia o presión por parte de un funcionario electo o designado para la contratación”.
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Versiones sin efecto
Por otro lado, el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) presentó solo una modificación a la ley vigente para que el nepotismo se defina como la “injerencia directa en el nombramiento”, haciendo imposible probar esto.
La versión original con media sanción de la Cámara de Diputados fue completamente bastardeada por el pleno y las palabras clave fueron eliminadas, logrando que sean declarativas.