Dos inhabilitaciones por un periodo de tres meses y una amonestación con apercibimiento por escrito tiene como historial Édgar Daniel Núñez Núñez, proveedor del Estado y amigo del vicepresidente Pedro Alliana y del actual director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Federico Benítez. Las sanciones ocurrieron entre 2022 y 2023, según los datos publicados en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Los registros detallan que la primera sanción consistente en la inhabilitación de Núñez Núñez y su empresa unipersonal Distrisur por un periodo de tres meses tiene fecha 2 de agosto de 2022. “Tras el análisis de todos los elementos obrantes en autos, se concluye que la firma ha actuado con mala fe –inciso c del art. 72– dado que ha ofertado y proveído productos que no contaban con el Certificado de Origen Nacional, en contravención a lo establecido en la Ley Nº 5210/14 y la Ley Nº 6873/22″ (sic), dice la disposición firmada por el entonces titular de la DNCP, Pablo Seitz.
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La resolución del ente regulador de compras públicas fue asumida en el marco de la investigación de un contrato por G. 679 millones, de Distrisur con la Municipalidad de Pilar.
El segundo estirón de orejas para el amigo del vicepresidente llegó el 19 de diciembre de 2022 y consistió en la amonestación y apercibimiento. Esto luego de que la DNCP determinara que la empresa Distrisur incurrió en incumplimiento contractual, “dado que la misma no ha acreditado los salarios de trabajadores conforme se ha dispuesto en las bases concursales del llamado de referencia, por tanto, su conducta se encuentra subsumida en el supuesto establecido en el inciso b del artículo 72 de la Ley Nº 2.051/03″ (sic).
Esta sanción fue dada en el marco de un acuerdo firmado en 2021 por G. 22.628 millones entre Distrisur y la Gobernación de Ñeembucú, coincidentemente entonces a cargo de Luis Benítez.
Reincidente: otra sacción por actuar de mala fe
La tercera sanción contra Distrisur se resolvió el 28 de abril de 2023. Entonces, Núñez Núñez fue inhabilitado nuevamente por tres meses debido a que se concluyó que la firma actuó de mala fe –inciso c del art. 72– dado que ha ofertado y proveído productos que no contaban con el Certificado de Origen Nacional, en contravención a lo establecido en la Ley Nº 5210/14 y la Ley Nº 6873/22.
La inhabilitación era en el marco de un contrato por G. 256 millones, entre la Municipalidad de Villa Franca y Distrisur.
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Lo llamativo es que pese a estos antecedentes Núñez Núñez se convirtió desde 2014 en la mimada del departamento de Ñeembucú en la provisión de alimento escolar. Incluso, a partir de este año logró expandir sus tentáculos llegando a otras zonas, asociándose con otra conocida proveedora del rubro: Blanca Nieves Rodríguez.
Esta sociedad, entre Rodríguez y Núñez, al parecer les permitió acaparar contratos en forma conjunta y unipersonal del publicitado programa de este gobierno Hambre Cero.