La Contraloría en su informe de agosto realizó cambios en la planilla publicada en su página web y llamativamente omitió los nombres de municipalidades, cuyos jefes comunales no entregaron sus documentaciones. Se trata de: Milciades Arce (PLRA), intendente de Paso Barreto; Juan Ramón Martínez (ANR- FR), intendente de Atyrá; Fabio Diaz (PLRA), intendente de Juan de Mena; Víctor Garay (ANR-HC), intendente de Jesús de Tavarangüe; José Luis Benítez (ANR-HC), intendente de San Juan Bautista y Gustavo Penayo (ANR-HC), intendente de Caapucú.
Lea más: Fiscalía no investigó a 56 intendentes denunciados por la CGR
Además están en la “lista roja” Patricia Corvalán (ANR-HC), intendente de Quyquyhó; Antonio Gómez (PLRA), intendente de Paso de Patria; João Ferreira (ANR-HC), intendente de Bahía Negra; Silveiro Adorno (ANR-HC), intendente de Carmelo Peralta e Hilario Adorno (ANR-HC), intendente de Puerto Casado.
Presentaron tarde, según CGR
Presentaron sus documentos, pero fuera del tiempo reglamentario la jefe comunal de San Lazaro, Joaquina Azuaga (ANR-HC); el intendente de San Pablo, Jorge Codas (Alianza); de Eusebio Ayala, Víctor Giménez (ANR-HC); de Santa Elena, Silvino Aguilera (ANR, HC); de San Miguel, Elvina González (ANR-HC); de Paraguarí, Marcelo Simbrón (ANR-HC) y de la ciudad de Raúl Peña, Gustavo Cano (PLRA); Clementino Portillo (PLRA) de Minga Porâ; Edgar Torres (ANR-HC) de Santa Rita; Fernando Negrete (PLRA) de Ypacaraí; Hugo Ayala (ANR-HC) de Cerrito; Wilfrido Figueredo (ANR-HC) de Cerro Corá; Cristóbal Villalba de La Paloma y Blas Gini (PLRA) de Piribebuy.
Lea más: Cartistas atacan a ONG “celosos” por el control, pero Peña avala “puenteo”
Resulta llamativo el cambio de sistema de publicación de la planilla de la Contraloría porque hasta julio estaban marcados en “rojo” los municipios que no cumplían con la exigencias legales y administrativas para recibir el dinero de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y con ese sistema la identificación de los intendentes infractores era visible para el ciudadano.
Desde el gobierno el discurso es el “fortalecimiento de la transparencia” pero se realizaron varias acciones para convertir a la Contraloria en un “florero”. El presidente Santiago Peña vetó la ley “anti puenteo” y a partir de ahí varias instituciones no entregan sus rendiciones de cuentas al ente contralor y recurren al Tribunal de Cuentas.