La comisión “garrote” fue blanco ayer de una dura crítica de parte de un estudio jurídico al que se le exigió la entrega de informes sobre fondos que recibió de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) por una postulación que se relacionó, después en una propuesta que hizo Colab Abogados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo a la aclaratoria del grupo de abogados, estos se habían postulado al proyecto de fortalecimiento de derecho de USAID. “Nuestro proyecto, que ya ha culminado, consistía en proponer a la Corte Suprema de Justicia soluciones eficaces e innovadoras a través del uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que generalmente tienen retrasos. Principalmente motivados en que Justicia dilatada no es Justicia. Los fondos recibidos bajo el Proyecto de USAID no fueron destinados a ningún funcionario público ni fue utilizado por ninguna institución pública”, señalaron
En referencia a esta situación, el extitular de una CBI, en el periodo anterior, Jorge Querey (Frente Guasu), expresó en ABC TV que los actuales parlamentarios investigadores debieron solicitar ese informe a la Corte y si tenía reserva jurídica, entra a otra carpeta.
“El problema es que el sistema de procedimiento se está pervirtiendo en general. Se contaminan los procesos, si los miembros de la CBI acceden a información y la filtran. Tienen la obligacion de mantener la reserva”, enfatizó.
Sobre las comparecencias, Querey manifestó que se puede llegar a recursos extremos con mediación de un juez con una orden judicial para que personas públicas o privadas comparezcan. ”La CBI puede allanar pero con una orden de un magistrado. En el caso del expresidente Horacio Cartes, un juez se lavó las manos y bloqueó la obligación constitucional”, recordó.
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Tipos de informes que se protegen
En otro momento, el exlegislador, puntualizó en qué casos, los datos se protegen. Citó los de inteligencia financiera cuando tienen el resguardo de secreto.
También los que provienen de inteligencia sobre la seguridad, otros los que tienen relación a un juicio y por último a la información privada de personas que tienen protección legal para que no se divulgue.