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Contraloría resolvió abrir un examen de correspondencia a funcionaria sospechosa de despojo

Este artículo tiene 2 años de antigüedad
La Contraloría General de la República resolvió abrir un examen de correspondencia a la funcionaria de Diputados, Anadelia Acosta Armoa.
La Contraloría General de la República resolvió abrir un examen de correspondencia a la funcionaria de Diputados, Anadelia Acosta Armoa.

La Contraloría General de la República resolvió abrir un examen de correspondencia a la funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta Armoa, tras las denuncias de presunta apropiación de una millonaria indemnización.

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Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR), explicó que la decisión de iniciar un examen de correspondencia a la funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta Armoa, fue tomada por el Contralor, tras las informaciones publicadas en los medios de comunicación.

Las autoridades investigarán si la compra de un lujoso vehículo es compatible con los ingresos declarados por la funcionaria, para lo cual se solicitarán informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a la agencia de vehículos donde la funcionaria adquirió la camioneta y a entidades financieras. “Se va a verificar todo el sistema financiero para saber si realizó algún préstamo para la compra”, puntualizó Torres.

Acosta Armoa se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía por supuestamente haberse quedado con gran parte de una indemnización de G. 800 millones destinada a dos familias de Caaguazú. La funcionaria, quien recientemente adquirió una lujosa camioneta, deberá presentar una nueva declaración jurada para justificar sus bienes.

Patrimonio neto negativo llama la atención

Lo llamativo del caso, según Torres, es que en su última declaración jurada, Acosta Armoa informó tener un patrimonio neto negativo de G. -15 millones. Esta aparente contradicción genera sospechas sobre la procedencia de los fondos utilizados para adquirir el vehículo de alta gama.

Con este examen, la Contraloría busca determinar si la funcionaria incurrió en alguna irregularidad y si sus bienes están acorde con sus ingresos declarados.

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