El proyecto de ley de la “Función Pública y la Carrera Civil” que cuenta con 148 artículos, será tratado el miércoles a las 9:00 en sesión ordinaria del Senado. La norma será tratada pese al pedido de senadores opositores y de sindicatos para aplazar el estudio y tener un mayor tiempo para analizar los artículos.
Según el documento, la finalidad del proyecto de ley es lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en las instituciones públicas y promover el desarrollo de los servidores públicos que lo integran, para ofrecer servicios oportunos y de calidad. Sin embargo, excluye al Congreso Nacional y al Poder Judicial.
En cuanto al nombramiento, el proyecto del Ejecutivo establece que aun cuando se haya accedido mediante concurso público, el nombramiento no genera estabilidad alguna, por lo que la remoción del personal de los puestos de confianza en ningún caso generará el derecho a percibir indemnización alguna.
El nombramiento de un funcionario público será de carácter provisorio durante seis meses.
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Cumplido el periodo de prueba y hasta adquirir la estabilidad, el funcionario público pasará al periodo de evaluación, en el cual deberá satisfacer los requisitos previstos en la presente ley para alcanzar dicha estabilidad laboral.
Sobre la estabilidad laboral, el proyecto menciona que se adquiere cuando el funcionario cumple las siguientes condiciones: a) Haber ingresado por concurso público a la función pública. b) Haber cumplido al menos dos años ininterrumpidos de servicio en la función pública.
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Movilización a nivel país contra la ley de carrera civil
Con el lema “contra el Parlamento Nacional abusivo y autoritario”, la Central Nacional de Trabajadores (CNT), que nuclea a sindicatos y federaciones de trabajadores en todo el país, convoca a una movilización el miércoles 13 de noviembre, desde las 9:00.
La concentración se realizará en Asunción, sobre la calle Piribebuy casi Hernandarias y desde allí los manifestantes marcharán hasta el Parlamento.
El objetivo es seguir de cerca y repudiar el tratamiento en el Senado, del proyecto de reformar y derogar la Ley de la Función Pública N° 1626/2000.
La CNT sostiene que el proyecto de ley atenta contra la estabilidad sindical y laboral; esta última, en la función pública, se obtiene a los dos años de ser “nombrado” mientras que en el sector privado se obtiene a los 10 años seguidos con el mismo empleador. En sus numerosas versiones, el proyecto plantea obtener la estabilidad en la función pública a los cuatro años y perderla incluso mediante “evaluaciones” de desempeño.
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También denuncian que el proyecto del Ejecutivo pone en riesgo el derecho a la huelga, ya que la propuesta establece que los funcionarios con funciones imprescindibles, cuyo alcance total no está definido, no pueden acompañar esta reivindicación laboral. La central obrera agrega que también está en riesgo el derecho a los contratos colectivos de trabajo.