Los senadores mantuvieron “bajo llave” y sólo a la hora del tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2025 dieron a conocer el dictamen de la comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC).
En el dictamen, no sólo contemplaban un aumento salarial de G. 32.774.000 a G. 38.974.000 y la ratificación de los viajes en “primera clase” para los parlamentarios y ministros de la Corte, sino también el cuestionado subsidio del Estado de G. 2.500 millones para la “jubilación vip”, que fue incorporado el pasado martes en la comisión de Hacienda y ratificado por el pleno del Senado, el jueves último. Ni el Ejecutivo, ni la Cámara de Diputados antes lo habían contemplado.
En el 2019, con la legislatura anterior y desde un Senado al que se lo denominada “bastión anticartista”, fue derogado el artículo en el que se habilitaba al Estado a destinar una importante suma de dinero para mantener a salvo la Caja Parlamentaria.
El Congreso Nacional derogó el artículo 7° de la Ley 6112 “Del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, que establecía un subsidio estatal del 7%, un poco más de G. 3 mil millones anuales, que el Estado, como empleador, destinaba a la Caja Parlamentaria para salvarla de un colapso.
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Cinco años después, y ya con el gobierno de Santiago Peña, volvieron a incorporar en el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2024 un subsidio de G. 3.500 millones. El Congreso no podía disponer este año de los recursos, porque se habían olvidado que en el 2019 derogaron la herramienta legal que les habilitaba a contar con el subsidio del Estado.
El senador Arnaldo Samaniego (ANR, Independiente), mediante una maniobra presupuestaria, éste año presentó un proyecto de ley para disponer de los recursos presupuestarios, pero haciendo una salvedad: que sólo se destinen G. 2.500 millones para el subsidio y que el resto G. 1.000 millones se reprograme y se direccione al presupuesto del Senado para aumentos salarial destinado a aumentos de sueldo para un selecto grupo de funcionarios, además de las creaciones de cargos.
El 23 de octubre pasado, el presidente Santiago Peña promulgó la Ley por el cual aprueba una reprogramación presupuestaria para el Congreso Nacional de G. 3.500 millones. Esta iniciativa generó la evidente molestia de sectores ciudadanos, principalmente el de gremios docentes, que presentaron una Iniciativa Popular, para promover una ley que elimine la jubilación vip legislativa.
A diferencia del trabajador promedio, que para jubilarse se le exige como mínimo una edad de 55 años y tener 30 años de aporte, los legisladores, a partir de ser electos dos periodos (10 años y a la edad de 55 años, tienen derecho a cobrar el 60% de la dieta) que ahora se verán beneficiados con el aumentazo salarial que dispondrán.