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Contraloría gastará más en pasajes y viáticos que en capacitaciones: mirá los números

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
En el 2024 el contralor Camilo Benítez llevó jugosos viáticos en el extranjero.
En el 2024 el contralor Camilo Benítez llevó jugosos viáticos en el extranjero.

La Contraloría General de la República (CGR) pretende gastar este año G. 12.240 millones en seguro sanitario privado para sus funcionarios y G. 1.417 millones en viajes y viáticos. Según el presupuesto general, la institución dispone de G. 185.399 millones, que en mayor porcentaje van para pagar los gastos rígidos.

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El Poder Ejecutivo dispuso de G. 185.399 millones como presupuesto para la Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez. El monto representa un aumento de G. 18.979 millones y equivale a 11,4% más con respecto al presupuesto 2024, aprobado inicialmente para la institución encargada de velar por el uso adecuado y transparente de los recursos públicos del país.

En ese contexto, según el presupuesto, el contralor Camilo Benítez tiene previsto gastar G. 12.240 millones en seguro sanitario privado para sus 975 funcionarios. Asimismo, para la compra de pasajes y los viáticos se tiene proyectado gastar G. 1. 417 millones durante el 2025.

Además, se previó un aumento salarial, pues según el contralor la institución no incrementó el salario hace varios años a sus funcionarios permanentes. En ese ítem, la Contraloría General destinó G. 112.982 millones para salarios, gastos de representación y aguinaldos. En tanto que, para la contratación de jornaleros y personal profesional se prevé G. 3.818 millones.

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Inversión en capacitación en la Contraloría

En contrapartida, para la inversión en capacitación y adiestramiento para el personal que tiene la importante misión de analizar y evaluar las documentaciones presentadas por los organismos del estado y municipios solo se destinarán G. 120 millones.

Mientras que para la compra de vehículos e insumos de oficina se presupuestó G. 280 millones este año.

Recientemente se promulgó la Ley que Establece el Régimen Nacional de Integridad Pública, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay, que supuestamente es una herramienta para luchar contra la corrupción.

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Sin embargo, no se destinan recursos, tanto financieros como de capacitación para hacer frente y dar una respuesta rápida a las denuncias ciudadanas contra sus autoridades de turno.

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