La senadora Yolanda Paredes se mostró preocupada por el hecho de que la residencia particular del presidente Santiago Peña se ubique en un inmueble cuya titularidad está en duda. Según Paredes, esto plantea serias preguntas sobre la legalidad de la propiedad y la transparencia de su compra.
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El terreno donde se construye la mansión fue adquirido en 2023 por Santiago Peña, quien consignó en su declaración jurada que compró solo media hectárea de terreno por G. 1.450 millones. Sin embargo, el exdirector jurídico de la Sindicatura General de Quiebras Walter Raúl Ruiz Maciel compró 14 hectáreas en cuestión en 2022 por solo G. 500 millones. Además, Ruiz Maciel estaría vinculado a Alberto Koube, procesado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.
Paredes denuncia el “antro de corrupción”
Paredes, quien también es abogada, subrayó que la Sindicatura de Quiebras ha sido históricamente un “antro de corrupción” y que se ha encargado de la apropiación de bienes ajenos.
Sobre el inmueble de Santiago Peña, la senadora expresó que “hay indicios suficientes de la comisión de hechos punibles, y existen elementos suficientes para abrir una carpeta fiscal”, afirmó la senadora. Además, preguntó retóricamente: “¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Se animará el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a abrir una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito?”
Paredes subrayó la gravedad de las denuncias y consideró que Santiago Peña debería ponerse a disposición del Ministerio Público para esclarecer la situación y disipar las dudas sobre la legitimidad de su ocupación del inmueble.
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Críticas a la postura del presidente
La senadora también cuestionó la autoridad moral de Santiago Peña para tomar decisiones sobre el desalojo de campesinos mientras existan dudas sobre la legalidad de su propio inmueble. “¿Con qué autoridad moral va a hacer desalojos contra campesinos mientras exista incertidumbre sobre el terreno en el que edifica su residencia?”, agregó.
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Según la senadora, si Peña niega los hechos y no presenta las pruebas que respalden su versión, podría convertirse en un ocupante precario de la propiedad.
La senadora enfatizó que Peña, como cualquier funcionario público, debe aclarar toda la situación legal, financiera y jurídica en torno a la propiedad en la que edifica su residencia.