La defensa de la intendenta cartista Patricia Corvalán, quien está acusada por una supuesta “tragada” de G. 1.100 millones, había interpuesto un recurso de apelación en subsidio contra la resolución judicial juez Humberto Otazú para evitar la audiencia el pasado 13 de febrero, argumentando que la acusación fue presentada fuera de tiempo y forma.
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La abogada defensora Alba Meiner de Morínigo cuestionó también la legitimidad del fiscal interviniente, Silvio Corbeta Dinamarca. Sin embargo, el Tribunal de Apelación conformado por los jueces; Andrea Cristina Verá, Arnulfo Arias Maldonado y Bibiana Teresita Benítez, resolvió rechazar la apelación y confirmar la citación a la audiencia preliminar. El Tribunal consideró que la presentación de la acusación fue válida y que la recusación del fiscal no prosperó dentro del marco legal.
Con esta resolución, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos puede fijar nueva fecha para la audiencia en donde se determinará si el caso se eleva a juicio oral y público.
La acusación fiscal indica que Patricia Corvalán y otras 13 personas habrían incurrido en administración en provecho propio, además de lavado de dinero y asociación criminal. El periodo investigado es durante la gestión municipal de Esteban Samaniego, quien hasta ahora se blinda en sus fueros como diputado para evitar el proceso judicial.
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Antecedentes
La jefa comunal cartista está procesada por administración en provecho propio por haber utilizado G. 1.100 millones de los fondos de la Municipalidad que, según el Ministerio Público, fueron utilizados para la modernización de una vivienda suya en Asunción. El fiscal Corbeta acusó a Patricia Corvalán y Andrés Alfredo Arrúa Brítez, quien es titular de la empresa de maletín BH Services SRL, por administración en provecho propio, en calidad de cómplices y lavado de dinero como coautores.
También fueron acusados: Manuel Olazar Duarte por administración en provecho propio, coautor y lavado de dinero, cómplice, Blanca Gloria Vda. de Samaniego (madre del parlamentario); Damián De Jesús Galarza, Christian Domínguez, Enrique Lovera, Guido Ramón Vargas; Carlos Bareiro Bogarín; Ruth Mercedes Medina; Líder Catalino Ramírez; Pedro Etienne Villanueva, Benigno Villasboa y Oscar Samuel Fanego.
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El Ministerio Público logró determinar que, entre los años 2017 y 2018, el diputado Samaniego y su esposa, obtuvieron beneficios económicos indebidos a costa del desvío de los recursos provenientes de la comuna de Quyquyhó por G. 1.108.599.918, que fueron a pagar la refacciones de su vivienda en Asunción.