El diputado José Rodríguez (ANR, cartista) plantea endurecer la pena principalmente para funcionarios penitenciarios que incurran en la práctica de proveer de celulares y otros equipos a criminales en prisión, atendiendo que actualmente el castigo es perder su empleo.
A fin de que el temor sea mayor, plantea que quien “fuera funcionario público o prestare servicio en la institución penitenciaria o educativa; o estuviera especialmente obligado a evitar el ingreso”, podrá ser condenado hasta a 7 años de prisión.
Igualmente, también se endurecen las penas contra terceros que no necesariamente tengan vinculación con el Ministerio de Justicia, ya que señala que quien “fuera algún proveedor de servicios o productos en los centros penitenciarios, abogados en el ejercicio de su profesión o cualquier otra persona a la que se le haya otorgado una autorización de ingreso especial a un centro penitenciario” se la podrá condenar con hasta 5 años de cárcel.
La disponibilidad de celulares en los penales es un problema grave, ya que son recurrentes los casos de estafa o extorsión desde la cárcel, pero también permite que grupos criminales organizados puedan seguir operando sus estructuras pese a estar tras las rejas.
Volverían a postergar exoneración de peajes
Si bien el proyecto de ley “que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de la tasa de peajes del país” vuelve a figurar en el orden del día de la sesión del martes 1 de abril de la Cámara de Diputados, su tratamiento volvería a postergarse a falta de acordar detalles con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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El proyecto plantea igual el beneficio de la exoneración de peajes en los 16 puestos de peajes del MOPC apostados en todo el país y, eventualmente, los concesionados mediante ley de Alianza Público Privada (APP), para quienes sean pobladores de ciudades aledañas a las casetas de cobro.
El inconveniente sería que el MOPC pidió más tiempo para ajustar los criterios de exoneración, a fin de reducir la posible población de beneficiarios. Sobre todo, pretenderían mantener el cobro a camiones de carga y otros vehículos de gran porte. Por esto, la próxima semana se volvería a pedir su postergación.