La bancada de Fuerza Republicana, liderada por el diputado Daniel Centurión e integrada además por los diputados Mauricio Espínola, Roberto González, Luis “Tiki” González Vaesken y Juan Maciel repudiaron la utilización de las fuerzas de represión del Estado para afectar el derecho fundamental y constitucional a la libre manifestación.
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“Resulta inadmisible que, ante el legítimo ejercicio del derecho a la manifestación, el Estado responda con abuso policial y criminalización de la protesta social”, señala el bloque, que se solidarizó con los dirigente opositores denunciados por la Policía por supuesta “perturbación a la paz pública” y “resistencia”, por el simple hecho de querer realizar un acto en recordación y pedido de justicia para el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, asesinado por la Policía en el gobierno de Horacio Cartes, en el marco de las protesta contra su ilegal intento de reelección.
En su comunicado, los diputados colorados disidentes dejaron sentado su “firme y categórico rechazo a la reciente apertura de una investigación penal, derivada de la vergonzosa y arbitraria intervención policial frente a la sede del Poder Judicial” e hicieron un llamado al gobierno a detener su avances autoritarios.
En ese sentido, consideran “urgente recuperar el Estado de derecho en todas sus dimensiones” y recordaron que el derecho a la manifestación está garantizado en la Carta Magna. “La Constitución y, en consecuencia, los derechos que consagra- constituyen, conforme al acta fundacional de la ANR, un evangelio político que debemos respetar y defender”, apuntaron.
De hecho, Fuerza Republicana también se declara “víctima” del abuso del sistema represivo estatal ya que su principal referente, el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez y uno de sus miembros, el diputado Mauricio Espínolan se encuentran imputados en base a una cuestionada denuncia del expresidente Horacio Cartes.
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En dicha causa se registraron varias irregularidades, empezando por la filtración de conversaciones entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar y el entonces fiscal del caso, Aldo Cantero, donde este último recibía órdenes sobre las diligencias a realizar en el marco de la causa por supuesta filtración de datos secretos vinculados a Cartes, mediante los cuales, supuestamente, se dio su designación como “significativamente corrupto” por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.
