Mediante un comunicado, “el Frente Bicameral de ‘Yo Creo’ denuncia la criminalización de la protesta pacífica”, en respuesta a la denuncia presentada por la Policía Nacional y que motivó la apertura de una investigación penal de manos de la Fiscalía contra legisladores y dirigentes opositores que el lunes pasado intentaron realizar un acto de conmemoración y pedido de justicia para el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, asesinado por la Policía del gobierno de Horacio Cartes el 31 de marzo de 2017.
El bloque, integrado por los senadores Rubén Velázquez y José Oviedo y los diputados Guillermo Rodríguez, Walter García y Leidy Galeano, expresó “su firme rechazo a la creciente criminalización de la protesta pacífica, una práctica incompatible con los principios de una democracia auténtica” y consideró inadmisible el abuso policial y de la justicia.
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“La represión ejercida desde el poder contra quienes se manifiestan no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también exponen un preocupante deterioro institucional. Resulta inaceptable que quienes buscan justicia sean tratados como infractores, mientras los abusos cometidos por agentes del Estado quedan impunes”, enfatizaron.
“Yo Creo”, la segunda mayor fuerza opositora en el Congreso detrás del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) ha sido una de las que fuertemente ha denunciado el presunto negociado con los pupitres mediante Itaipú Binacional y forma parte de uno de los pocos bloques que se mantiene críticos al gobierno.
“La democracia no se fortalece con el miedo ni con la censura, sino con el respeto a las voces que claman justicia. Desde Yo Creo , reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho. Ninguna maniobra de persecución logrará apagar la memoria ni la dignidad de quienes luchan por un país más justo”, señala el comunicado.
También consideran “inadmisible que las fuerzas de seguridad, cuyo trabajo es proteger a la ciudadanía, utilicen su autoridad para intimidar a quienes ejercen su derecho a recordar y exigir respuestas”, en vez de “perseguir los crímenes que los motivan (a los ciudadanos) a salir a las calles”.
