La Cámara de Senadores, presidida por Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) se reúne hoy desde las 9:00 y en el punto N° 4 de su orden del día figura el análisis del proyecto de ley remitido por la Corte Suprema de Justicia que aborda uno de los numerosos aspectos de la denominada “Mafia de los Pagarés”. Sin embargo, la Comisión de Legislación de la Cámara Alta recomendará su postergación.
El expediente se denomina proyecto de ley “Que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República”.
Dicho proyecto fue adelantado el 27 de mayo último, cuando varios ministros de la Corte Suprema de Justicia acudieron a la Comisión Especial del Senado que analiza dicho esquema delictivo.
En ese entonces, el ministro Alberto Joaquín Martínez Simón dijo que el plan implicaba modificar el Código Procesal Civil para garantizar la devolución de esos documentos al deudor o la presentación de los mismos al juzgado al momento del cobro.
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El magistrado señaló entonces que esto no afectaría la regulación de las letras ni títulos cambiarios, y permitirá evitar que siga la mafia.
Sin embargo, ayer la Comisión de Legislación, que fue presidida por Luis Pettengill (ANR-Ind) resolvió recomendar al pleno postergar el expediente hasta que las autoridades de la Corte remitan mayores informes y envíen a sus delegados ante la citada comisión.
Creación de más juzgados
La Comisión de Legislación también recomendará al pleno postergar el proyecto de ley “Que crea juzgados de paz en varios distritos de la Circunscripción Judicial de la Capital sin afectación presupuestaria”, también remitido por la CSJ.
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El Poder Judicial sostiene que los juzgados actuales enfrentan una sobrecarga de trabajo, lo que compromete la eficiencia del servicio de justicia y puede afectar derechos fundamentales.
Aunque en el proyecto no se vincula la creación de juzgados con la Mafia de los Pagarés, todo indica que estos juzgados abordarían dichos trámites.
Al descubrirse el esquema, fueron imputadas 63 personas, entre jueces y abogados. Sin embargo, la Corte no anula aún los embargos.