El proyecto de ley “que modifica el artículo 3 de la Ley 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales; agentes fiscales; defensores públicos; y síndicos de quiebra; y deroga la Ley 3759/2009”, plantea varias exigencias a los candidatos que serán representantes de Diputados y Senadores ante el JEM.
Estas exigencias son: “que durante el término de diez años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente”.
Este plan es como derivación de casos como los del senador cartista Hernán Rivas y el ahora exdiputado cartista Orlando Arévalo, cuyos títulos de “abogados” estuvieron en seria controversia sobre su legalidad, siendo investigados incluso por la Fiscalía.
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El supuesto título falso de Hernán Rivas
El senador Rivas y su supuesto título falso, fueron ayudados por fiscala. Este aspecto no genera mayor controversia, como sí el planteamiento de reducir el plazo de mandato.
Inicialmente, los diputados Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), Roberto González (ANR, Fuerza Republicana), Édgar Olmedo (ANR, B) y Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A) planteaban mandato de 1 año en vez de 3 que ahora establece la ley. Según Vallejo, ayer se acordó reducir a 2 años y medio el mandato, sin posibilidad de reelección.
Esto debido a que legisladores se aferraron al cargo para usarlo como esquema de “apriete”, como fue el caso del exsenador cartista Óscar González Daher (+) y de Arévalo.