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Ley de datos personales espera a Latorre para pasar al Ejecutivo

Este artículo tiene 1 año de antigüedad
El presidente de la República, Santiago Peña (c),  junto al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (i), y el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, (Archivo).
El presidente de la República, Santiago Peña (c), junto al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (i), y el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, (Archivo).Juan Pablo Pino

Hasta ahora, la sancionada Ley “de protección de datos personales en Paraguay” sigue en el Congreso, aguardando la firma del presidente de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre, que se encontraba desde inicios de esta semana en los Estados Unidos de América. Una vez en manos del Ejecutivo, Santiago Peña deberá decidir qué hacer con esta ley que podría fulminar la leyes de transparencia y acceso a información pública.

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Tras la sanción dada el pasado miércoles en el Senado, se espera que el expediente sea firmado por las autoridades del Congreso, principalmente por Latorre, que este fin de semana retorna el país tras una serie de reuniones con autoridades y empresarios en los EE.UU., donde está desde el lunes.

Esto hace que posiblemente recién el lunes 10 se hagan los trámites burocráticos y se remita al Ejecutivo, a partir de lo cual comenzará a correr el plazo para que Peña opte por la promulgación o el veto (total o parcial).

Según el artículo 205 de la Constitución, Peña tiene 20 días hábiles (al tener la ley más de 20 artículos) para expedirse sobre el proyecto de ley, de lo contrario quedará promulgado de manera automática.

La ley de “protección de datos personales” despertó las alertas, principalmente por el artículo 24, que dejaría inservibles las leyes de transparencia y acceso a información pública, al establecer que, ante el requerimiento de datos públicos, el funcionario afectado pueda oponerse.

Ante esto, el presidente Peña, que incluso antes de llegar al poder ha hecho alarde sobre la importancia de la transparencia, tiene una salida fácil para mantener este derecho ciudadano y es la de vetar el artículo 24, aunque en ese caso, la palabra final la tendrá el Congreso.

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