La propuesta apunta a corregir un “desfasaje crítico” en los valores de referencia utilizados por el INDERT, vigentes desde la Resolución N.º 866/2013, normativa que fijó los precios de venta de las tierras fiscales del Chaco hace más de una década.
Según el proyecto de declaración presentado por la senadora Paredes, la necesidad de una actualización inmediata se fundamenta en tres puntos clave.
En el primer punto menciona cambios en la infraestructura y valorización por el Corredor Bioceánico. Afirma que la Región Occidental ha experimentado un crecimiento significativo en infraestructura y conectividad, especialmente en las zonas cercanas a la ruta y los puentes del Corredor Bioceánico, lo que incrementó la plusvalía de las tierras e impulsó el mercado inmobiliario rural.
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En segundo punto, los precios vigentes desactualizados por más de 12 años. Indica que los valores establecidos en 2013 responden —según el proyecto— a un “contexto económico y social totalmente distinto al actual”.
Entre los factores que cambiaron menciona la senadora la inflación acumulada desde 2013, los nuevos costos de oportunidad de la tierra, la evolución de la productividad del suelo chaqueño, así como el aumento general del valor de los bienes raíces rurales.
Indica que esto genera, según el proyecto de declaración, precios irrisorios y alejados del valor real de mercado, lo que podría significar una pérdida para el patrimonio público.
El tercer punto habla de la necesidad de proteger el patrimonio estatal. El proyecto subraya que corresponde al INDERT resguardar la correcta valoración de las tierras fiscales y evitar ventas que no se ajusten a condiciones económicas reales.
La actualización periódica de precios es presentada como una práctica esencial para: Garantizar transparencia, asegurar sostenibilidad institucional, evitar enajenaciones con valores “viciados o fuera de proporción”
El pedido se basa en atribuciones establecidas en la Ley 2419/04, que crea el INDERT, especialmente en: Artículo 14, numeral 1, incisos e y g, artículo 14, numeral 2, incisos a y k y otras disposiciones del Estatuto Agrario
La legisladora sostiene que estos marcos normativos obligan al instituto a mantener precios actualizados y acordes a los indicadores económicos.