Tras la asunción del presidente Santiago Peña, el flujo de dinero estatal hacia Technoma Saeca, ITTI Saeca e IDL SA, ligadas al Grupo Vázquez, se disparó a una velocidad alarmante.
Durante los cinco años de la gestión de Mario Abdo Benítez (2018-2023), el conglomerado de firmas acumuló contratos por un total de US$ 24.084.331.
Sin embargo, en solo 2 años y 3 meses del mandato actual, la suma total asciende a US$ 29.427.426, revelando un ritmo de adjudicación interanual 2,7 veces más rápido en el actual gobierno.
El reparto de la torta
Technoma Saeca, socia comercial de ITTI (exsocia de Peña), pasó de facturar US$ 21,3 millones en el periodo anterior a saltar a los US$ 25,4 millones en la era actual, un incremento del 19%. Entre sus contratos se encuentran la compra de cámaras para el 911 y venta de infraestructura y ciberseguridad para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Paraguay (BCP).
Por su parte, ITTI Saeca, donde Peña admitió tener bonos por G. 350 millones al asumir, registró una subida del 42%, pasando de US$ 2,7 millones a casi US$ 3,9 millones. La empresa fue adjudicada para montar la web de Che Roga Porá, el desarrollo del Home Banking del Banco Nacional de Fomento (BNF) y venta de licencias vía excepción y sin competencia.
Otra empresa más pequeña del grupo, Impresión, Distribución y Logística IDL SA, experimentó un salto del 220%, pasando de apenas US$ 46.169 a US$ 147.640, con contratos también en BNF y Agencia Financiera para el Desarrollo (AFD) sobre facturación electrónica.
Además del rubro, Technoma e ITTI comparten funcionarios clave y oficinas en el mismo edificio corporativo. Ambas también fueron apuntadas por sospechas de direccionamiento e irregularidades en licitaciones.
ITTI también se encuentra en la mira tras la denuncia del diputado Mauricio Espínola (ANR), quien dijo que ueno bank, entidad del grupo, habría hecho uso de “anticipos de compra” por G. 20.000 millones, superando el limite del 20% del patrimonio efectivo de la entidad financiera, por encima de lo permitido por ley de Bancos, según balance de ITTI e informe de calificación.