La abogada y referente de la Coordinadora “Somos Anticorrupción Paraguay” (Sapy), María Ester Roa, que el pasado martes fue demorada por una hora por leer en voz alta un manifiesto en el Palacio de Justicia, consideró que esa es una excusa, y que el motivo real es el control a la gestión de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
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“Este año nosotros presentamos más de 1.400 notas para destrabar expedientes de hechos de corrupción pública y no solamente eso, estamos todos documentados”, señaló Roa sobre el trabajo que ya lleva 14 años a través de la coordinadora integrada por ciudadanos independientes.
Enfatizó que este control a la labor de los ministros de la Corte es lo que realmente les molesta, no solo por no dejar “en paz” que salven a corruptos, sino porque el registro podría ser usado en algún momento como argumento para causales de juicio político, en caso que se quiera impulsar.
Roa recordó que fue demorada por los “controles sistemáticos que venimos haciendo, y creo que eso lo que está molestando: Ellos (los ministros) no encuentran esa ‘paz’ para dar una mano a los corruptos”, declaró ayer a ABC.
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Alertó a los ministros de la Corte, que si bien ahora tal vez no existan los números para someterlos a juicio político, los registros que llevan en algún momento podrán servir para dar esa renovación que tanto necesita la Justicia en Paraguay.
“Yo siempre digo que no nos subestimen los nueve ministros de la Corte, porque nosotros tenemos la lista de expedientes que prescribieron por la mora judicial y son causales de juicio político, en algún momento de la historia podemos cambiar y revertir a los representantes y yo creo que sobran razones para cambiar a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, sumada a la reunión secreta de la vez pasada, que nos dio la pauta de que la Justicia está partidizada”, apuntó Roa.
Destacó que mientras ella era demorada sin fundamento, el presidente de la República, Santiago Peña, y los ministros de la Corte mantenían una reunión, que calificó de “teatro”, ya que fue un intento de blanquear la reunión secreta anterior mantenida con seis ministros de la Corte, de la cual se supo porque se filtró.
“Esto fue un simulacro para tapar lo que había ocurrido en esa reunión secreta que se filtró” y “lo que hicieron Santiago Peña y los ministros de la Corte es burlarse una vez más de la ciudadanía”, dijo.
Enfatizó que lo más grave de la reunión secreta es que “atentan contra la democracia republicana y sobre toda las cosas, contra la independencia del Poder Judicial” y confirma que “no hay ninguna intención del Poder Judicial de cumplir con compromisos nacionales e internacionales en materia de la lucha anticorrupción”.
Feudos son claves por dinero y criminalidad
La abogada María Ester Roa también sostuvo que aparentemente el trasfondo detrás de devolver la posibilidad de convertir las Circunscripciones Judiciales en “feudos” de los ministros de la Corte, sería que da posibilidad a esos ministros “de confianza” de manejar zonas donde “corre” mucho dinero y donde opera el crimen organizado. Respecto a la corrupción, recordó casos insignes con los que la Corte se muestra contemplativa.
“Los feudos tienen que continuar porque es importante que (el presidente de la Corte Suprema de Justicia) César Diesel esté en Alto Paraná y esté en Amambay, son dos circunscripciones muy importantes para muchos, primero por el nivel económico que se mueve y por otro lado el negocio de la criminalidad. Son dos circunscripciones muy importantes donde el crimen organizado también abunda”, dijo Roa.
La restitución de los feudos habría sido tema central de la reunión secreta que mantuvo semanas atrás el presidente de la República, Santiago Peña, con seis ministros de la Corte, y donde lo que habrían acordado sería la “lealtad” para operar.
“Acá lo que se hicieron fue acordar la lealtad. (Dijeron) nosotros le necesitamos a César Diesel en Alto Paraná y Amambay y a Carolina Llanes en Canindeyú, y cosas así. En el Chaco necesitamos a (César) Garay y eso no se cambia, porque al cambiar puede ocurrir algo indeseable para ellos”, consideró.
Por otra parte, Roa recordó que hay casos icónicos que demuestran que los propios ministros apoyan la impunidad en casos de corrupción pública.
“Yo estoy documentada en el sentido de que tengo en mira cuántos expedientes prescriben por mora judicial, o condenas que quedaron firmes y que ellos no tienen la voluntad de cumplir sus propios fallos. Condenas que están firmes pero que nunca pisaron la cárcel”, dijo.
Entre otros, citó el caso Imedic, en que Patricia Ferreira fue condenada por desvío de fondos en plena pandemia, que según señaló “estuvo condenada por 4 años y tuvo prisión domiciliaria”.
También el caso del exgobernador Óscar “Ñoño” Núñez, hermano del presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, condenado por desviar y quedarse con fondos para la educación de niños. Venancio “Ñoño Núñez. Recordó “ya pasó dos años (de su condena) y todavía no tenemos Tribunal de Apelación” para ratificar la condena a 11 años de prisión.
También el caso del exsecretario privado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de Raúl Fernández Lippmann ”que tiene una condena firme y sigue en su casa burlándose de la ciudadanía”. El mismo está implicado en el caso Audios junto al ahora difunto exsenador cartista Óscar González Daher.
Finalmente, citó el caso del múltiple condenado exintendente cartista de Lambaré, Roberto Cárdenas, que está en prisión solo porque se presentó, no porque hayan ido a buscarlo.
Llama a que 2026 sea año de la ciudadanía
La activista social María Ester Roa afirmó que para el año que entra, 2026, tiene pocas esperanzas de que la justicia en nuestro país cambie, por lo que invitó la ciudadanía a ejercer su rol de contrapeso, lo cual considera la única manera de frenar al cartismo que tiene cooptados todos los poderes del Estado.
“Yo no tengo ninguna esperanza (que cambie la Justicia), primero porque no tenemos sociedad civil organizada, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fueron prácticamente aniquiladas, que eran las que estaban haciendo trabajo de fortalecimiento a la sociedad civil y nosotros que somos activistas muchas veces escapa de nuestra posibilidad de avanzar”, dijo.
A su falta de confianza en las instituciones le sumó a la Fiscalía, cuya labor este año que se va “fueron más desestimaciones que imputaciones”, lo que hace que tengamos “muy pocas condenas y las pocas que tenemos, muchas de esas ni siquiera están firmes, y las pocas que están firmes, siguen en sus casas”.
La evaluación, más que en tono desesperanzador, lo hizo a modo de instar a la ciudadanía a organizarse y hacer frente al poder político dominante.
“Acá hay una captura del Poder Ejecutivo por parte del cartismo. En el Poder Legislativo y Judicial son mayoría, al igual que en el Consejo de la Magistratura, en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Contraloría, entonces creo que el 2026 tiene que ser el año de la sociedad civil organizada, porque esa es la idea que tenemos de fortalecernos para, por lo menos, ser el equilibrio que se necesita”, afirmó.