La Comisión Especial de Investigación Antimafia de Pagarés de la Cámara de Senadores destapó una serie de casos emblemáticos que revelan un patrón alarmante de irregularidades en juicios ejecutivos, endeudamientos artificiales y descuentos salariales abusivos, que afectan principalmente a sectores en situación de alta vulnerabilidad social.
Uno de los casos más graves es el de Isabelino, un hombre con discapacidad auditiva severa y analfabetismo, con un 71% de discapacidad certificada por Senadis, quien al momento de detectarse su caso figuró como deudor en seis entidades financieras y comerciales, acumulando una deuda total de G. 127 millones.
Entre las instituciones involucradas aparecen el Banco Nacional de Fomento (BNF), Crediágil, Banco Familiar, Tú Financiera, Solar Banco y HVN Automotores, esta última con el reclamo más elevado: G. 78,9 millones.
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De acuerdo con el informe parlamentario, pese a su imposibilidad de comunicarse y comprender plenamente los contratos, Isabelino accedió a múltiples créditos. Tras la intervención de la comisión, dos operaciones fueron desistidas, mientras que HVN Automotores devolvió el vehículo y reintegró parcialmente el dinero abonado.
Pagarés idénticos y demandas simultáneas
Otro caso que encendió las alarmas es el de tres docentes indígenas —padre, madre e hijo— de la comunidad Ytú Tupãrenda, distrito de Avaí, Caazapá, quienes fueron demandados en juicios ejecutivos idénticos, promovidos por una misma firma.
Las demandas fueron presentadas en simultáneo en el Juzgado de Paz de La Recoleta, apenas tres días después del vencimiento de pagarés por G. 8.400.000 cada uno.
Según los documentos, los pagarés habrían sido firmados en Asunción, con vencimiento a solo seis días, en una operación supuestamente realizada un sábado, a más de 300 kilómetros de la comunidad indígena.
Los docentes niegan haber viajado a la capital o firmado documentos ante escribana, lo que refuerza las sospechas de falsificación o manipulación documental. El expediente se inició bajo la jueza Liliana González de Bristot, actualmente procesada penalmente, y continúa bajo la jurisdicción del magistrado Roggerth Chaparro.
Endeudamiento imposible y 18 juicios ejecutivos
Dentro de este mismo entramado aparece el caso de Sixto, docente indígena que en 2018 percibía su primer salario de G. 1.827.084, su único ingreso.
Su primera compra a crédito fue de G. 1.300.000, pero terminó pagando G. 7.800.000 mediante pagarés triplicados. En los años siguientes surgieron deudas que él desconoce, por más de G. 11 millones, y luego embargos por montos imposibles, incluyendo reclamos de G. 82 millones y G. 30 millones.
Hoy, Sixto enfrenta 18 juicios ejecutivos que en conjunto reclaman G. 203.989.500, tramitados en juzgados de Asunción y Central, a más de 500 kilómetros de su comunidad. Nunca fue notificado ni contó con defensa legal.
Actualmente percibe solo el 44% de su salario líquido, mientras el resto permanece embargado, profundizando una situación de vulnerabilidad extrema.
Diez años de descuentos y una demanda inesperada
Otro caso paradigmático es el de Ninfa, docente jubilada de Carayao, quien en 2007, en medio del tratamiento oncológico de su hijo, accedió a un préstamo de G. 1.000.000 con la empresa Comercial Mima.
El vendedor le aseguró que firmaba “copias”, pero en realidad eran múltiples pagarés y autorizaciones de descuento en blanco. Durante diez años, sufrió descuentos salariales sin poder verificar montos ni recuperar los documentos firmados.
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Ya jubilada, fue nuevamente demandada con uno de los pagarés que creía cancelado, iniciando un nuevo proceso judicial. En sus extractos de 2017, Comercial Mima aparece hasta 18 veces, con montos que duplican o triplican el préstamo original.
Para la comisión antimafia de pagarés, estos casos no son hechos aislados, sino parte de un esquema sistemático de abusos, donde confluyen empresas de crédito, asociaciones de descuentos, juzgados y vacíos de control estatal.
La comisión antimafia de pagarés del Senado seguirá en funcionamiento durante el receso parlamentario.