Durante este período, la Comisión que investiga la mafia de los pagarés realiza un seguimiento específico a operaciones de descuento automático ejecutadas por el grupo empresarial conformado por NDL, Emprendimientos Mikasa y Fast Credit, las cuales derivan en la compra de deudas por parte de la entidad Pirámide y/o del señor Víctor Manuel Rotela, bajo la figura del denominado “préstamo por embargo”.
Según las verificaciones preliminares, estas operaciones presentan descuentos muy superiores a las deudas originalmente adquiridas, llegando en algunos casos hasta siete veces el monto inicial, motivo por el cual la Comisión profundiza las auditorías y análisis sobre este grupo empresarial.
Asimismo, abogados de la Comisión se encuentran analizando la modalidad aplicada por la empresa Manager SRL, que a través de Equifax mantiene registradas como morosas a personas por deudas ya saldadas o anteriores al año 2014. En numerosos casos, dichas supuestas obligaciones carecen de respaldo documental suficiente, lo que podría configurar graves irregularidades.
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En la misma línea, se investiga a Asistencia Integral Financiera (ASIF), empresa del mismo grupo, que ofrece servicios de asesoramiento y gestión crediticia. De acuerdo con testimonios y antecedentes recopilados, esta firma derivaría en la firma de pagarés por servicios no prestados, los cuales posteriormente serían ingresados a Equifax como operaciones morosas.
La Comisión ya identificó un número significativo de víctimas bajo esta modalidad.
Embargos masivos y presunta usura
La Comisión también continúa con el seguimiento y la redacción de denuncias relacionadas con operaciones presuntamente usurarias, que derivan en embargos masivos por montos varias veces superiores —hasta siete veces— a las sumas originalmente reclamadas.
Entre las firmas y personas involucradas figuran Bahía Costanera SA, ML Hogar, GSC SA, Préstamos Personales SA, Iridium, Cofivo SA, Realidad SA de Mandatos, EDA y Asociados, así como Deisy Noelia Vega, María Concepción Guirland, Gabriel Alejandro Lanzos Guerreros, Lidia Mabel Estigarribia y Roberto Ariel Rodríguez Pavón, entre otros.
En relación con el Banco Nacional de Fomento (BNF) y su contrato con la empresa Walton para el débito automático de operaciones con casas comerciales, la Comisión constató que los descuentos se realizaban sin controles suficientes y de manera abusiva.
Como resultado de las denuncias y de las observaciones de la Superintendencia de Bancos, el BNF resolvió dejar sin efecto el contrato, al no poder ajustarse a la nueva regulación.
Sin embargo, conforme a la cláusula de rescisión a la que tuvo acceso la Comisión, la decisión recién entrará en vigencia dentro de seis meses, por lo que los descuentos seguirán aplicándose, salvo que cada persona afectada se acerque al BNF a completar el formulario de “Cese de Descuento de Casas Comerciales”.
Finalmente, la Comisión informó que, en el marco de su labor, logró identificar y comprender en profundidad diversas modalidades de afectación. Actualmente se encuentra en un proceso de análisis individual de cada caso, con miras a sus correspondientes derivaciones judiciales y administrativas, en resguardo de los derechos de las personas afectadas.
La comisión continuará recibiendo a personas afectadas en la sede del Senado, los días lunes, martes y miércoles, preferentemente en el horario de 09:00 a 14:00 horas. También se pueden contactar al 0986-800300.