A pesar de existir numerosas denuncias contra la empresa Securiport LLC alrededor del mundo, el pasado 17 de diciembre de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) adjudicó un contrato de US$ 22.011.796 a la empresa estadounidense Securiport LLC para la implementación del sistema de información anticipada de pasajeros (API-PNR).
El proceso, concretado en apenas seis días bajo la modalidad de contratación por vía de la excepción, fue defendido por el director de la institución, Jorge Kronawetter, como un asunto de “seguridad nacional” indispensable para que el país deje de operar como una “aldea” tecnológica.
La adjudicación se basó en un único presupuesto enviado por la propia firma vía correo electrónico y fue operativizada tras reunión realizada en mayo de 2024 entre el presidente Santiago Peña, miembros de su gabinete y el CEO de la firma, Enrique Segura.
Denuncias a nivel mundial
En 2011, el expresidente hondureño Porfirio Lobo adjudicó por decreto y sin licitación pública a Securiport. Sin embargo, rápidamente fue vetado tras un escándalo público. Según el contrato, la empresa debía instalar controles aeroportuarios por 10 años a cambio de recibir US$ 31 millones.
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El contrato, considerado como “leonino” por el medio El Heraldo, fijaba una tasa de seguridad aérea de 34 dólares directamente a los pasajes aéreos de los pasajeros, lo que generó gran indignación pública. Incluso, el Ministerio Público del país solicitó una auditoría para determinar si existieron vicios en el proceso.
En Gambia, el presidente, Adama Barrow, en 2017 firmó con Securiport un contrato por 10 años, de forma directa.
En 2022, el reconocido medio de investigación local Malagen reveló que el cobro de tasas aeroportuarias de 20 dólares en el Aeropuerto Internacional de Banjul por parte de Securiport, generó un perjuicio de al menos cuatro millones de dólares (274 millones de dalasis). Tras esto, el mismo Barrow admitió que la forma en que se recaudaba la tasa era “defectuosa”, aunque defendió el contrato.
Igualmente, en 2023, el gobierno extendió por cinco años más el contrato a pesar de un dictamen en contra del procurador general. Tras esto, la Oficina Nacional de Auditoría del país sugirió la apertura de una investigación a la Oficina del Presidente y al Departamento de Inmigración por ignorar los protocolos de licitación e ignorar el dictamen.
En Benin, en el año 2015, el Gobierno del expresidente Thomas Boni Yayi también adjudicó, por vía directa, un contrato para control de pasajeros que fue cancelado un año después, tras un cambio de administración.
El caso fue llevado a arbitraje internacional, y en 2019, el Estado fue condenado a pagar cerca de 95 millones de dólares en indemnizaciones.
En Sierra Leona, la empresa fue adjudicada en 2012, bajo el mandato del expresidente Ernest Bai Koroma, para emisión de visas electrónicas.
Según medios del país, auditores del Servicio de Auditoría de Sierra Leona, en 2023, detectaron faltantes en las arcas públicas por aproximadamente US$ 330.000 (7.434.387 leones) correspondientes al cobro de 4.827 e-visas, por las cuáles la empresa no presentó los estados de cuenta.
Tras esto, la empresa transfirió la responsabilidad al Estado, diciendo que solo el 20% de los casos pasan por su gestión.
Durante 2025, el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento del país abrió una investigación sobre el caso alertando sobre las irregularidades detectadas y convocó a autoridades y representantes de la empresa a una audiencia.
En Mali, durante 2016, el expresidente Ibrahim Boubacar Keïta adjudicó un contrato similar a los de los demás países, por 10 años y sin competencia, para el Aeropuerto Internacional Bamako-Sénou.
En este país, la Oficina del Verificador General señaló discrepancias en la contabilidad de los cobros.
Otros casos similares en la República Democrática del Congo y Senegal. Actualmente, en este último país, la Inspección General de Finanzas exige a Securiport cerca de 280 millones de dólares por irregularidades, deudas tributarias y faltas administrativas.
DNM ignoró denuncias
Kronawetter minimizó las críticas internacionales arguyendo “experiencia positiva” de la empresa en la región y señalando, específicamente, el éxito reportado por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina y una actual implementación en Chile.
El titular de la DNM dijo que la contratación está blindada por diversas pólizas de seguro y un cronograma de trabajo estricto. Además, argumentó que la elección de esta empresa se basó en que la misma ya contaba con un relevamiento de datos técnicos en Paraguay realizado durante los últimos años.
A pesar de lo dicho, países como Brasil, Uruguay, Chile y hasta el mismo Estados Unidos realiza llamados competitivos para la contratación de esta tecnología.