El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), justificó que el proyecto de reforma de la caja fiscal sea tratado en apenas ocho días, pese a que sectores sindicales y gremiales reclaman mayor debate y la apertura de una mesa técnica.
La medida surge luego de que el presidente del Senado se reuniera más temprano con Santiago Peña donde en su cuenta en X dijo: “Repasamos la agenda legislativa con el Presidente de la República”.
Según el titular del Senado, el déficit de la Caja Fiscal ya alcanzó cifras alarmantes y amenaza la sostenibilidad del sistema: “Tenemos un déficit. El año pasado fue de 380 millones de dólares y la proyección para el próximo año es de 500 millones de dólares”, afirmó.
Bachi Núñez advirtió, además, que de mantenerse el esquema actual, los aportantes activos podrían quedarse sin jubilación. “Tenemos el estudio de que la gente que hoy aporta ya no se va a jubilar si este sistema continúa”, sostuvo.
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Consultado sobre el apuro con el que se pretende tratar el proyecto —impulsado por el oficialismo cartista—, Núñez rechazó que se trate de una decisión improvisada.
Cuando se le mencionó que los gremios piden más tiempo y consenso, respondió: “Esto viene de gobiernos anteriores. Hay que trabajar. ¿Usted está en contra de que el legislador trabaje? Nosotros estamos acá cobrando sin trabajar”.
Uno de los principales cuestionamientos de los sectores afectados es la falta de diálogo. Sin embargo, el presidente del Senado sostuvo que el Congreso sí abrió espacios de discusión. “Tuvimos 17 reuniones en el Senado”, afirmó.
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Ante la repregunta sobre si eso era suficiente, respondió: “Yo participé. Si usted quiere, podemos hacer 34”.
Pese a las explicaciones del titular del Congreso, sindicatos, jubilados y sectores afectados cuestionan que se pretenda aprobar la reforma sin incorporar propuestas alternativas, pese a la promesa inicial de abrir un espacio de diálogo más amplio.
El proyecto sería tratado sin modificaciones sustanciales, tal como fue presentado por el bloque cartista, lo que genera preocupación por el impacto que podría tener en derechos adquiridos y futuras jubilaciones.
