Según documentos oficiales del Presupuesto General de la Nación (PGN), parlamentarios del actual periodo legislativo volvieron a incluir el fondeo estatal a la Caja Parlamentaria en el Presupuesto General de la Nación 2024 y lo incrementaron progresivamente hasta alcanzar G. 4.550 millones previstos para éste año, una cifra que contrasta con el déficit crónico de las cajas jubilatorias del sector público.
El 21 de noviembre de 2019, un grupo de 12 senadores oficialistas y opositores de la legislatura pasada presentó un proyecto de ley para eliminar el aporte estatal del 7% a la Caja Parlamentaria. El proyecto suprimió el artículo 7°, inciso b), que establecía explícitamente que el Estado debía aportar mensualmente el 7% calculado sobre dietas y gastos de representación. Sin embargo, dejaron intacto el inciso h), que habilita el ingreso de: “Legados, donaciones y otros aportes previstos en el Presupuesto General de la Nación”.
Esa redacción permitió al Congreso volver a presupuestar el aporte estatal vía ley, específicamente a través del rubro 134, lo que finalmente ocurrió años después con el aval de una mayoría cartista en ambas Cámaras.
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Registros oficiales revelan que entre 2005 y 2019, el Estado transfirió a la Caja Parlamentaria montos que oscilaron entre G. 300 millones y G. 3.958 millones anuales. Tras la eliminación formal del aporte del 7%, durante cuatro años consecutivos no se volvió a auxiliar a la caja legislativa.
En 2023, ya bajo el gobierno de Santiago Peña, se incluyó nuevamente el aporte estatal en el PGN 2024, por un monto de G. 3.819 millones. Durante la presidencia del Senado de Basilio “Bachi” Núñez, esa suma fue reprogramada. A propuesta del senador Arnaldo Samaniego (ANR), entonces aliado cartista, se aprobó una transferencia de créditos del Congreso al Senado.
Del total presupuestado: G. 1.319 millones se destinaron a aumentazos salariales para funcionarios del Senado. G. 2.500 millones fueron asignados al Fondo Legislativo, destinado a la jubilación vip de parlamentarios.
Pese a que Basilio “Bachi” Núñez anunció días atrás que presentaría un proyecto de ley para eliminar el aporte estatal, los números muestran lo contrario. En 2024, el aporte fue de G. 2.500 millones. Mientras que para el cierre del 2026, el Congreso ya proyecta G. 4.550 millones, casi el doble, con pleno conocimiento del déficit de las cajas jubilatorias públicas.
Millonario salvataje con dinero de todos los contribuyentes
En 18 años, desde el 2005 con corte al 2026, los contribuyentes terminarán destinando G. 41.417 millones para sostener la jubilación vip de parlamentarios mientras hospitales públicos carecen de insumos básicos, y el servicio del transporte no mejora.
La mayoría de los beneficios que se autoasignan senadores y diputados se aprueban sin debate público, camuflados dentro del presupuesto del Congreso, que incluye Senado, Diputados y un tercer presupuesto con denominación: Congreso.
A diferencia de otras autoridades, el presidente de la Cámara de Senadores y de Diputados no defienden su presupuesto durante el estudio del PGN. Los montos salen a la luz recién cuando el documento llega al pleno y es tratado de manera rápida y superficial.
De esta manera cocinaron autoaumentos, viajes en primera clase y mas cargos para sus operadores políticos.