Casi como un “deja vú” de lo ocurrido la semana pasada en Diputados, donde tras una audiencia pública en la que se pidió más tiempo para analizar responsablemente las reformas planteadas desde el Gobierno la mayoría cartista atropelló igualmente, hoy la convocatoria sería solamente para que el gobierno de Santiago Peña -y con el vicepresidente Pedro Alliana como principal operador- discursivamente pueda decir que hubo “debate”.
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“La reunión contará con la participación de los presidentes de las Comisiones de Hacienda (senador cartista Silvio “Beto” Ovelar) y de Legislación (senador cartista Derlis Maidana) y senadores miembros del Congreso Nacional. El encuentro tiene como objetivo escuchar las inquietudes de los sectores involucrados y avanzar en el análisis de los aspectos vinculados a la mencionada reforma”, había comunicado la semana pasada “Bachi” Núñez.
Se sumaría la comisión de Cuentas y Control, no así la de Asuntos Constitucionales, a la que hasta ayer al menos se reportaba que no fue girado el proyecto.
Las sospechas de que la reunión sería solamente para simular “apertura” y escuchar a los afectados se sustenta en que de inicio el cartismo atropelló en pleno receso parlamentario, y que en esta ocasión, habrá escaso margen para analizar modificaciones a la versión con media sanción de Diputados, puesto que para mañana a las 10:40 está convocada la extraordinaria del Senado donde sancionarían el proyecto.
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Todo esto apenas 5 días después de la media sanción en Cámara Baja (dos de ellos además días inhábiles) y en medio a anuncio de protestas generalizadas y paros por parte principalmente de gremios docentes (magisterio nacional y universitarios).
Esto ya que la reforma de la Caja Fiscal, si bien es admitida como necesaria, se realiza a tambor batiente pese a un apuro inexplicable en pleno receso parlamentario, ya que los cambios recién se aplicarían el próximo año.
En Diputados, la media sanción se hizo a ciegas y a las apuradas, ya que diputados opositores reclamaron que ni siquiera tuvieron acceso al dictamen con modificaciones que finalmente fue aprobado, y tienen que enterarse durante la votación en particular (artículo por artículo) de las modificaciones hechas a la propuesta original del Ejecutivo.
A esto hay que sumarle que dichos cambios tampoco contaron con respaldo de un nuevo cálculo actuarial que otorgue luz sobre el impacto y cuánto tiempo más de margen hay antes de que vuelva a existir un riesgo de colapso de la Caja Fiscal, que sin cambios, según el gobierno estaba previsto para 2028.
En paralelo, no hay aun reuniones prevista para dictaminar los cambios a la Caja Parlamentaria, que también está previsto tratar mañana, pero que en realidad es un “placebo”, ya que en realidad no toca sustancialmente su jubilación vip.
Para colmo, este proyecto se encuentra como segundo punto del orden del día de la sesión extraordinaria de mañana, por lo que los legisladores tranquilamente podrían dejar sin quorum, una vez que terminen de tratar la reforma de la Caja Fiscal.
Mafia de pagarés, en segundo plano
Esta semana el caso de las víctimas de la mafia de los pagarés, cuyo total de afectados se estima que ronda los 17.000, quedaría de vuelta relegado en el Congreso. Hace varias semanas este sensible asunto viene siendo desplazado a segundo plano principalmente por el debate de la reforma de la Caja Fiscal.
Para las 9:00 de mañana está hecha la convocatoria a ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de la Comisión Permanente del Congreso, donde se prevé al menos la presencia de su titular, el ministro César Diésel, para debatir sobre la aplicación de las leyes recientemente promulgadas para hacer frente a la denominada mafia de los pagarés.
Sin embargo, para las 10:45 está convocada la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores para tratar (en ese orden) la reforma de la Caja Fiscal; modificaciones a la Caja de jubilaciones parlamentaria y la declaración de emergencia penitenciaria.
No es la primera vez que los legisladores relegarían el caso de la mafia de los pagarés, ya que, de hecho, esta citación a ministros de Corte viene siendo dilatada desde el pasado 15 de enero.
La mafia de los pagarés es un presunto esquema delictivo masivo, cuyos tentáculos involucran desde empresas de venta de elementos de consumo o de créditos, a abogados particulares y a firmas de cobro de deuda, así como a funcionarios públicos (jueces de paz, actuarios, ujieres y otros) para el cobro compulsivo e ilegal de supuestas deudas fabricadas.