El proyecto de ley de emergencia penitenciaria, que ya cuenta con media sanción de Diputados, figura como tercer punto del orden del día, junto con las reformas de la Caja Fiscal y la Caja Parlamentaria. Su tratamiento genera controversia por impulsarse fuera del calendario legislativo y en pleno receso parlamentario.
El ministro explicó que el eje central de la ley es otorgar respaldo legal a la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia del perímetro de los centros penitenciarios, una tarea que hoy se realiza sin un marco normativo específico tras vencer su vigencia.
“Lo más grave, urgente e importante es el respaldo jurídico para que las Fuerzas Armadas de la Nación tengan la potestad de cuidar el perímetro de los 20 centros penitenciarios que tenemos”, afirmó Nicora.
Asimismo, señaló que la norma permitiría que la Policía Nacional refuerce la custodia interna, como ya ocurre en la Penitenciaría de Tacumbú y en algunos establecimientos del interior.
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Nicora también puso el foco en la escasez de talento humano penitenciario, un factor que impide habilitar plenamente los nuevos centros bajo el modelo de gestión impulsado por el Ministerio de Justicia.
Actualmente:
- Minga Guazú funciona entre un 70% y 75%
- Complejo Penitenciario de Itapúa (Comip) opera al 52%
- Martín Mendoza apenas alcanza entre el 26% y 30%
Según el ministro, la emergencia no busca habilitar contrataciones discrecionales, sino agilizar procesos de incorporación mediante concursos públicos, con evaluaciones y capacitación intensiva previa. “No es traer una carpeta y empezar a trabajar. Hay concurso abierto, curso intensivo y recién después se contrata”, subrayó.
Se dejó vencer la emergencia panitendiaria en diciembre
La declaración de emergencia penitenciaria venció el 31 de diciembre pasado, sin que el Congreso -con mayoría cartista- impulsara su renovación en tiempo y forma.
Ahora, ese mismo sector promueve el tratamiento urgente de un nuevo proyecto que extiende la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, es decir, durante un año electoral, incorporando facultades ampliadas para el Ministerio de Justicia que no estaban previstas para 2025.
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El nuevo texto declara en emergencia a todos los establecimientos penitenciarios —de varones, mujeres y centros educativos de adolescentes infractores— y autoriza al Ministerio de Justicia a:
- Gestionar recursos para obras de infraestructura
- Comprar equipos tecnológicos de seguridad
- Adquirir alimentos
- Realizar “otras erogaciones de emergencia”
Además, encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas a dar atención preferencial y prioritaria a todos los pedidos de transferencias presupuestarias de Justicia.
El proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar, en un plazo de 15 días, un Plan de Seguridad Penitenciaria, con participación directa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con objetivos como:
- Fortalecer la seguridad interna de las cárceles
- Reforzar la inteligencia penitenciaria
- Reducir fugas y hechos vinculados al crimen organizado
La exposición de motivos del proyecto de ley describe un sistema penitenciario en colapso estructural, con sobrepoblación crítica, casi 70% de internos sin condena firme, falta de personal y fuerte penetración del crimen organizado.
El documento destaca operativos como Veneratio y Umbral, traslados masivos y cierres de establecimientos como logros de gestión. Sin embargo, no explica por qué el Congreso permitió que la emergencia venciera, ni asume responsabilidades políticas por esa omisión.