Para el senador liberal Éver Villalba, la decisión del presidente Santiago Peña rompe el equilibrio constitucional establecido tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, cuando se delimitó con claridad que las Fuerzas Armadas debían encargarse de la soberanía y conflictos externos, mientras que la seguridad interna corresponde a la Policía Nacional.
“Estamos saliendo de una experiencia autoritaria y la Constitución fue clara: los militares para la defensa externa y la Policía para la seguridad interna”, sostuvo.
Villalba advirtió que el nuevo decreto abre la puerta a que las Fuerzas Armadas asuman funciones para las que —según dijo— no están preparadas, lo que podría derivar en abusos y excesos.
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Expansión territorial de la Fuerza de Tarea Conjunta
El senador recordó que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) operaba hasta 2023 en Concepción, San Pedro y Amambay. Posteriormente, su presencia se extendió a Canindeyú y, más recientemente, a Itapúa, Misiones y Ñeembucú.
A su criterio, esta expansión no ha dado resultados concretos contra el crimen organizado. “La droga entra por el Chaco y ahí no hay uso militar”, cuestionó.
Sostuvo que el argumento de la persecución a grupos criminales terminó convirtiéndose en una justificación para ampliar la presencia militar en distintos puntos del país.
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“Control político y ahora control de la fuerza”
Villalba fue más allá y calificó al cartismo como un “stronismo 2.0”. Según afirmó, el oficialismo ya consolidó un control político de las instituciones y ahora busca fortalecer el control de la fuerza.
“Alguien que tiene el control de las armas después avanza hacia un modelo autoritario”, advirtió.
También expresó preocupación por el contexto de movilizaciones y protestas sociales. “Peña está cubriendo paulatinamente el territorio con presencia militar. El siguiente paso puede ser reprimir con militares a quienes exigen derechos”, alertó.
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Ostentación y “modelo cartista”
En otro momento, el legislador apuntó contra lo que definió como una cultura de ostentación dentro del oficialismo.
Mencionó el caso de la gobernadora de Concepción, quien prevé destinar G. 600 millones para la fiesta de 15 años de su hija, y lo vinculó con lo que considera un ejemplo que baja desde el Ejecutivo.
“Empieza con la mansión, con pasearse en helicóptero, y otros copian el modelo”, afirmó en referencia al Presidente.
Según Villalba, esta ostentación busca “normalizar” que las autoridades puedan exhibir lujos mientras la ciudadanía enfrenta dificultades económicas.
Transparencia y responsabilidad pública
El senador sostuvo que los funcionarios públicos están obligados a demostrar el origen de su patrimonio y a mantener transparencia absoluta, por tratarse de servidores del Estado.
“Nosotros debemos rendir cuentas. Nuestro patrimonio debe ser de acceso público”, enfatizó.