Coordinadora de víctimas de la “mafia de los pagarés” reitera pedido de juicio político a los nueve ministros de Corte

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia: Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez, Luis Benítez Riera, César Diesel (presidente), Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y César Garay Zuccolillo (por vía telemática).
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia: Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez, Luis Benítez Riera, César Diesel (presidente), Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y César Garay Zuccolillo (por vía telemática).gentileza

La Coordinadora de víctimas de la “mafia de los pagarés” reitera su exigencia al Congreso para impulsar el pedido de juicio político a los nueve ministros de la Corte por desproteger a miles de víctimas de la trama delictiva.

A puertas del reinicio de las actividades legislativas, que oficialmente se reanudan este martes, la Coordinadora de Víctimas de la “mafia de los pagarés”, exige al Congreso la destitución vía juicio político a los nueve ministros de la Corte encabezados por su titular: Alberto Martínez Simón; Luis Benítez Riera, Gustavo Santander, César Garay Zuccolillo, Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez, Carolina Llanes, César Diesel y Víctor Ríos.

La agrupación extendió el pedido a la Comisión Permanente y denunció una “sistemática indiferencia” frente a sus propuestas para frenar los embargos ejecutivos que -según sostienen- afectan a miles de personas en todo el país. Sólo esta agrupación aglutina a 17.000 víctimas, mientras que la Comisión Antimafia de Pagarés del Senado estima que ya superan a 30 mil los afectados.

El argumento central de la organización es que el máximo tribunal incumplió su deber constitucional de proteger derechos fundamentales, al no adoptar medidas excepcionales para revisar procesos que consideran irregulares y que habrían vulnerado el derecho a la defensa.

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La Coordinadora refiere que muchos juicios ejecutivos vinculados a pagarés se tramitaron de manera acelerada, sin garantizar condiciones adecuadas de defensa. En ese contexto, plantearon a la Corte una batería de propuestas que -afirman- nunca fueron tratadas oficialmente por el pleno. Sostienen que la falta de medidas judiciales efectivas deja a miles de personas bajo embargos que consideran irregulares, afectando salarios, bienes y estabilidad familiar y lamentan la falta de humanidad.