El Ministerio de Relaciones Exteriores informó esta noche que el canciller brasileño Mauro Vieira visitará Asunción, en el marco de su presencia en la Asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se realiza en la sede de la Conmebol en Luque.
Según la información oficial, seguidamente, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, recibe mañana a Vieira en la sede de la Cancillería nacional a las 11:00. Luego de la reunión, se prevé una conferencia de prensa.
Fuentes diplomáticas informaron que está en agenda con el canciller del gobierno de Luíz Inácio Lula da Silva, el tratamiento de los principales temas de la agenda bilateral, como infraestructura, energía (Itaipú), comercio, seguridad pública y defensa.
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En estos últimos puntos, resalta las recientes informaciones que refieren que el Departamento de Estado tendría lista la documentación para calificar a las dos mayores bandas criminales del Brasil como Organizaciones Terroristas Extranjeras, según informó un medio brasileño. La medida busca asfixiar financieramente a los grupos que hoy dominan gran parte del tráfico y la zozobra en la región, incluido Paraguay.
Según informes de medios brasileños, como laUOL, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, finalizó los trámites para incluir al Primer Comando da Capital (PCC)y al Comando Vermelho (CV) en su lista negra de Organizaciones Terroristas Extranjeras(FTO, por sus siglas en inglés).
Esta decisión, que se haría oficial en un plazo de dos semanas tras pasar por el Congreso estadounidense, coloca a estas bandas al mismo nivel que grupos extremistas internacionales o cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y el Tren de Aragua.
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En el 2025, el presidente Santiago Peña firmó el Decreto N.º 4857 que designa al Primer Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas internacionales. Esta medida se toma tras el gran operativo contra el crimen organizado realizado en Río de Janeiro.
Esta declaración se acomodó en una política de Estado que, según el documento, reafirma el compromiso del país con la democracia, el Estado de derecho y la defensa de la soberanía nacional.