Tras la decisión del Senado de elevar a 15 años la pena máxima para crímenes graves cometidos por menores de edad, el proyecto retornó a la Cámara de Diputados, donde la propuesta es fijar el tope en apenas 10 años.
Ante este escenario, el diputado Rubén Rubin lanzó críticas, y sostuvo que ambas cámaras demuestran una preocupante falta de firmeza ante el crimen organizado.
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Para Rubin, la discusión actual es una elección entre “la mala y la peor”. El legislador señaló que la Cámara Baja, en este periodo, se muestra como la más “prodelincuente” y empática con los criminales.
Según su postura, establecer una condena de 10 años por quitarle la vida a una persona no solo es insuficiente, sino una falta de respeto a las víctimas.
“Dar 10 años de cárcel por sacarle la vida a alguien es un insulto. Encima va a cumplir el 50% de su condena y va a salir. ¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para los políticos?”, cuestionó.
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Rubin criticó que el debate se centra únicamente en las penas máximas, y se ignora la pena mínima. Argumentó que, con una justicia que tiende a favorecer al delincuente, subir la máxima a números elevados no sirve de nada si la mínima permite salidas rápidas.
El reclutamiento del crimen organizado
El diputado advirtió que la actual ley es el principal incentivo para que los grupos criminales recluten menores.
El crimen organizado utiliza a adolescentes bajo la promesa de cuidar a sus familias, sabiendo que, debido a las bajas penas, recuperarán la libertad en muy pocos años.
Para Rubin, la única manera de blindar a la sociedad y evitar que los jóvenes sigan siendo el “brazo ejecutor” de las mafias es endurecer las reglas de juego y garantizar que la vida humana sea la prioridad absoluta de la clase política.