El proyecto de ley plantea la modificación del artículo 207 del Código de la Niñez y de la Adolescencia en cuanto a la duración de la medida privativa de libertad para adolescentes infractores de la ley penal cuando el hecho sea calificado como crimen por el derecho penal común.
La versión del Senado plantea aumentar una duración máxima de la medida hasta los 15 años. Actualmente el Código de la Niñez y de la Adolescencia establece una pena de 8 años.
El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), autor del proyecto de ley y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales mencionó que la norma alcanzará a menores de 14 a 18 años.
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Como antecedente recordó el crimen de María Fernández Benítez de Coronel Oviedo y del Teniente Coronel Guillermo Moral. Ambos en caso de ser condenado su sanción no superaría los ocho años de medida privativa de libertad.
Durante el debate se aseguró que la norma no viola ningún precepto constitucional ni convencional relativo a los derechos de niños y adolescentes y que la legislación comparada de otros países como Argentina establecen sanciones de 30 años.
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la normativa disponiendo que la pena privativa de libertad tenga una duración máxima de 10 años, que debe fundarse en la gravedad y modalidad del hecho, así como los antecedentes infraccionales.
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El Senado ratificó su versión señalando que la modificación de la Cámara Baja no representa un cambio de paradigma respecto a un paradigma respecto a la problemática que representa los crímenes cometidos por los adolescentes infractores de la ley penal, que hace 25 años la norma no fue modificada entre otros argumentos.
El senador Líder Amarilla (PLRA) al igual que el presidente de la comisión de Legislación del Senado, Derlis Maidana (ANR, HC) pidieron al pleno aceptar las modificaciones de Diputados bajo el argumento que la pena máxima hasta 10 años lograría la reinserción social de los menores.
El senador Luis Pettengill (ANR, disidente) consideró que elevar a una pena de 15 años de pena frenaría que se utilicen a menores de edad para los casos de sicariato.
Plantean atacar el problema de fondo
El senador Rubén Velázquez (Yo Creo) pidió trabajar en un paquete integral de acciones que promuevan el primer empleo de los jóvenes y el combate al tráfico de drogas para evitar que los jóvenes sean procesados o condenados.
“Elevando las penas a 10 a 15 o a 20 años no se resuelve el problema. No nos ocupamos del origen del problema para que futuramente no tengamos que estar discutiendo la elevación de penas en los casos de crímenes cometidos por adolescentes”, dijo.