Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, confirmó esta mañana que hoy remitieron oficialmente al Ministerio Público un informe final sobre el examen de los bienes del exdiputado colorado cartista Orlando Arévalo y su esposa, la concejala y candidata a intendenta de Lambaré Carol González.
“Fueron confirmadas el 90% de las observaciones, excepto la declaración de vehículos de los que él presentó documentación de que ya fueron vendidos, el resto se confirmó. Se emitió la conclusión final y se recomienda una profundización a la Fiscalía”, declaró.
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Torres resaltó que entre las observaciones se encuentra que no declaró construcciones ni terrenos con los que ya contaba al momento de su primera DD.JJ., ubicados en Loma Plata y Lambaré. Agregó que en el caso de las obras realizaron una verificación técnica con imágenes satelitales y confirmaron que fueron concluidas antes de esa presentación oficial.
Indicó que ahora está en manos de la Fiscalía confirmar si el diputado y su esposa tenían o no realmente capacidad para el crecimiento patrimonial que presentó en el periodo de tiempo estudiado.
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En otro momento, agregó que Arévalo en el 2025 “bajó totalmente su patrimonio” por un valor aproximado de G. 4.000 millones.
“Amerita una profundización para poder establecer los montos gastados en las construcciones y desde ahí establecer si hubo o no incremento patrimonial indebido”, manifestó.
Acotó, en ese sentido, que la Fiscalía deberá con sus técnicos confirmar que no existe correspondencia entre sus declaraciones, sus ingresos y su nivel de vida.
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¿Qué observó la Contraloría?
Según declaraciones difundidas meses atrás, declaraciones juradas revelaron además una diferencia de G. 115 millones entre los ingresos y egresos al momento de asumir en el Congreso, así como inconsistencias entre pasivos y deudas de tarjetas de crédito a nombre de Carolina González que no fueron declaradas por Arévalo. A esto se suma que el exlegislador declaró una deuda de G. 401 millones un año antes de haberla contraído.
Algunas de las otras irregularidades o inconsistencias detectadas por la Contraloría en el análisis de las declaraciones juradas de Arévalo y su esposa son:
- El exdiputado tampoco declaró ganado a nombre de la concejala y no hay registros en las instituciones de control sobre la actividad agropecuaria de cría de gallinas, de la cual –según el exdiputado– obtenía millonarios ingresos.
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- Se halló una significativa diferencia de G. 4.265 millones entre sus activos y pasivos al asumir en la Cámara Baja y al dejar el cargo en febrero pasado.
- En cuanto a González, en su DD.JJ. cita una propiedad en Lambaré por valor de 316 millones de guaraníes (G. 200 millones, terreno y G. 116 millones, construcción). Sin embargo, una planilla de cómputos métricos y presupuesto remitida por la Municipalidad de Lambaré revela que el precio de construcción es G. 551 millones.
- Las DD.JJ. revelaron una diferencia de G. 115 millones entre sus ingresos y egresos al llegar al Congreso y la inconsistencia entre sus pasivos y deudas de tarjetas de crédito a nombre de Carolina González no declaradas por Arévalo.
- El exdiputado declaró una deuda de G. 401 millones un año antes de ser contraída.