La Contraloría General de la República (CGR) ratificó, a través de seis puntos conclusivos contundentes, los mayores gastos que ingresos que arrastra el exjefe de la petrolera estatal, Eddie Jara. Según el informe de 170 páginas remitido al Ministerio Público, el exfuncionario del gobierno de Santiago Peña presenta un desfasaje de entre G. 1.135 millones y G. 1.549 millones en su balance patrimonial, registrado en el periodo comprendido entre setiembre de 2023 y noviembre de 2025.
Dos escenarios, negativos
El ente de control elaboró dos escenarios posibles a partir del descargo realizado por Eddie Jara ante las observaciones previas presentadas en diciembre pasado sobre movimientos inusuales en sus cuentas y gastos que excedían su capacidad financiera acreditada. En ambos análisis, se estableció que sus egresos estimados -destinados al pago de préstamos, tarjetas de crédito, transferencias a terceros y cuotas de vehículos- alcanzaron más de G. 8.825 millones.
La controversia surge al analizar el respaldo documental con el que Jara intentó justificar cómo erogó esa cantidad de dinero.
En un primer escenario, los auditores evaluaron sus ingresos declarados y movimientos bancarios, incluyendo supuestos cobros EN EFECTIVO por préstamos otorgados a Edith Ayala (G. 1.036 millones) y Sergio Ferrari (G. 100 millones). Bajo esta premisa, sus ingresos sumaron G. 7.303 millones, lo que arroja un descalce negativo de G. 1.549 millones.
En el segundo escenario, la CGR incluyó otros G. 413 millones que el exfuncionario sustentó mediante recibos comunes sin certificación legal ni respaldo bancario.
Estos montos corresponden a supuestos intereses de préstamos pagados por Diana Gamarra (G. 252 millones) y Edith Ayala (G. 139 millones). Sin embargo, la auditoría confirmó que ninguno de estos cobros tuvo tránsito por el sistema financiero, es decir, fueron EN EFECTIVO, reforzando la tesis de la falta de trazabilidad.
Aun sumando estos ingresos informales, la cifra final de G. 7.716 millones sigue siendo insuficiente frente a sus gastos, manteniendo un saldo rojo de G. 1.135 millones, según el documento de la CGR.
Ante la persistencia del agujero financiero, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público para investigar la legitimidad o no de los documentos, como también en cierta forma la capacidad financiera de los supuestos “pagadores” de Eddie Jara para realizar tales movimientos de dinero EN EFECTIVO. Este desbalance se habría agudizado desde febrero de 2025, de acuerdo al análisis de los auditores.
Gastó solo G. 3,4 millones en un año
Eddie Jara, luego de recibir las observaciones de la CGR corrió ante la DNIT, a cargo de Óscar Orué, para rectificar sus declaraciones de IRP entre 2020 y 2023 con reducción del 99,3% de los egresos deducibles correspondientes al ejercicio 2020. En las nuevas presentaciones –aún pendientes de aprobación–, sus ingresos saltaron un 482% en 2023, mientras que sus egresos de 2020 cayeron un 99%. En la primera declaración de ese año, Jara señaló egresos por G. 515.500.000, mientras que en el rectificado ya dijo que en un año solo gastó G. 3.450.000. Para establecer este monto ante la DNIT usó como motivo “comprobantes deteriorados”.
CGR eleva sospechas de “lavado de dinero”
En diciembre último, cuando los primeros hallazgos sobre el patrimonio del ahora expresidente de Petropar Eddie Jara salieron a la luz, el contralor general de la República, Camilo Benítez, lanzó una dura advertencia que hoy recobra relevancia con el dictamen final.
Ante la imposibilidad inicial de justificar préstamos por G. 3.500 millones frente a una utilidad de apenas G. 305 millones, Benítez aclaró en aquel momento que si bien para los años en que no ocupaba un cargo público no se configuraba técnicamente el hecho de enriquecimiento indebido, la situación no lo eximía de tener que justificar el origen de su capital.
“Las personas se rigen también en las leyes de lavado de dinero”, sentenció el titular del ente de control, apuntando a la falta de trazabilidad de los fondos del exfuncionario.
En el descargo realizado tras las observaciones de diciembre, Jara cuestionó a la Contraloría por utilizar el término “movimientos inusuales”. Según los abogados, este concepto pertenece estrictamente al ámbito del sistema de prevención de lavado de activos regulado por la Ley N° 1015/97, las normativas de Seprelad y los estándares del GAFI, acusando a los auditores de un uso indebido de términos antilavado.
Sin embargo, la Contraloría se defendió argumentando que la expresión se empleó “en su acepción genérica y descriptiva” para identificar operaciones que no guardan correspondencia con sus ingresos formales.