Senadores de distintas bancadas de la oposición coincidieron en que el programa, pensado para sectores de ingresos medios, habría sido utilizado de forma irregular, generando sospechas de favoritismo y uso indebido de influencias.
Durante su exposición, Baruja explicó que existe una diferencia clave entre Viviendas sociales: destinadas a personas vulnerables y comunidades indígenas y Viviendas económicas: dirigidas a trabajadores del sector público y privado con ingresos formales.
El ministro citó el caso del proyecto Residentas 1 en Luque, cuyo proceso se desarrolló entre noviembre de 2022 y octubre de 2023. Sin embargo, reconoció que hubo “bastante confusión” en torno a los criterios de acceso.
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Desde su gabinete se indicó además que el programa no establecía un piso salarial, lo que permitía que cualquier persona sin inmueble a su nombre pudiera postularse lo que habría la posibilidad de que el senador Javier “Chaqueñito” Vera (ANR, HC) sea uno de los beneficiarios.
Polémica por adjudicaciones y tiempos exprés
Uno de los puntos más cuestionados fue la rapidez en ciertas adjudicaciones, especialmente la vinculada a Javier Vera. En ese punto Baruja negó irregularidades y aseguró que:
- El proceso cuestionado duró 16 días, pero existen casos incluso más rápidos.
- El tiempo depende de la presentación completa de documentos por parte del solicitante.
- La venta de los 12 departamentos del proyecto tomó 10 meses.
- Todas las adjudicaciones se realizaron “dentro de la normativa”.
También rechazó haber modificado reglamentos para beneficiar a terceros, como en el caso del senador conocido como “Chaqueñito”.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) cuestionó adjudicaciones que habrían beneficiado a un legislador y a familiares de la senadora Zenaida Delgado.
Ante esto, Baruja respondió que más de 100 funcionarios públicos accedieron al programa, en un intento por descartar favoritismos selectivos.
“Se desvirtuó el espíritu”: el reclamo de Kobylansky
El senador Walter Kobylansky, del Partido Cruzada Nacional (CN) fue directo al cuestionar que el programa perdió su esencia: Se desvirtuó el espíritu y el sentido de las viviendas económicas y sociales.
Su crítica apuntó a que un plan destinado a facilitar el acceso a la vivienda terminó beneficiando a sectores que no eran el objetivo original.
La senadora Celeste Amarilla elevó el tono del debate al afirmar que el problema central no es el ministro, sino el uso de poder político: Denunció un posible uso indebido de influencias por parte de legisladores y allegados y cuestionó que solo baste una llamada para activar el aparato estatal.
También cuestionó la capacidad de pago de algunos beneficiarios y advirtió que el caso refleja una práctica común: “en este país todo se arregla con llamaditos”. Además, sostuvo que no se opone a que funcionarios accedan a viviendas, siempre que cumplan los requisitos.
Yolanda Paredes: “El ministerio no es una inmobiliaria para millonarios”
La crítica más dura llegó de la senadora Yolanda Paredes, principal promotora del proyecto de pedido de pérdida de investidura que obra en el Senado en contra de Vera. La legisladora acusó al MUVH de desnaturalizar su función.
Entre sus principales cuestionamientos también denunció que se modificó el reglamento para eliminar el tope salarial, permitiendo que personas con altos ingresos accedan al programa. Señaló que el proyecto fue construido con fondos públicos, por lo que debía estar abierto a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones.
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Criticó la falta de transparencia y publicidad real en la convocatoria y afirmó que la difusión en un medio de baja circulación fue insuficiente.
También remarcó que las condiciones de financiamiento -cuotas bajas y tasas subsidiadas- evidencian que el programa está diseñado para sectores de ingresos bajos y medios, no para autoridades o personas con alto poder adquisitivo.
El eje del conflicto: transparencia y equidad
Más allá de las explicaciones del ministro Baruja, el debate dejó al descubierto un problema de fondo como la Falta de claridad en los criterios de acceso, los cambios en el reglamento, las sospechas de privilegios e influencia política, además del debilitamiento del objetivo social del programa
La reunión en el Senado no solo evidenció tensiones políticas, sino que instaló un debate clave: ¿para quién están realmente destinadas las viviendas económicas en Paraguay?