La denuncia sobre una suerte de “mafia de pagarés” en el Mercado 4 y la Municipalidad de Asunción fue presentada por la funcionaria municipal Nicolasa Quintana Duarte, barrendera, ante la Dirección Contra Hechos punibles económicos y financieros de la Policía Nacional. Apunta contra Christian Bareiro (PLRA), precandidato a concejal de Asunción; operador del concejal Augusto Wagner y exdirector del Mercado N° 4 hasta su polémica destitución en noviembre de 2021.
En su relato, señala que acudió en 2020 a una asociación de préstamos liderado por Bareiro por créditos de entre G. 1 y 3 millones firmando documentos con lápiz de papel y por montos más altos.
Lea más: “Eternos” concejales liberales de Asunción tienen lista propia
Sostuvo que tras pagar todos los créditos siguió sufriendo descuentos compulsivos directamente desde su salario municipal y que ahora incluso recibe intimaciones desde la Justicia. Agregó que al acudir al centro de préstamos le negaron acceder a los pagarés que firmó.
En contacto con ABC Color aclaró que el centro de préstamos en realidad es la Asociación de Trabajadores Obreros y Personal Administrativo de la Municipalidad de Asunción (Atopama), que lidera Bareiro.
Aspirante a edil niega denuncia
Por su parte el aspirante a edil dijo que la denuncia era una mentira y que la funcionaria no tiene descuentos desde hace más de un año. No obstante admitió que su asociación reconoció que le descontó indebidamente cerca de G. 5 millones y se los devolvió, pero sostuvo que al iniciar el juicio para ejecutar los pagarés gastó mucho más que ese monto.
Agregó que la denuncia sería un intento de desprestigiarlo por parte del equipo del concejal Ramón Ortiz, su compañero de lista en el Nuevo Liberalismo que busca el rekutu.
Bareiro dijo que la Nicolasa tenía créditos en otras entidades y que en la Municipalidad de Asunción tiene prioridad de cobro el Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema) mientras que la Atopama está en el puesto N° 27 para descontar haberes.
Dijo que por ello la deuda de la funcionaria se fue acumulando y generando intereses, que fue notificada pero que la misma hizo caso omiso hasta que ejecutaron los pagarés.
Añadió que posteriormente cotejaron la deuda; que el último descuento se hizo hace casi dos años y que tuvieron que devolverle cerca de G. 5 millones aunque por iniciar el juicio perdieron más de G. 7 millones en honorarios legales.