La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Ñeembucú volvió a dejar en evidencia el choque entre oficialismo y oposición, esta vez por el acceso a información pública.
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Con el voto de la bancada colorada cartista, fue rechazado el pedido del listado de beneficiarios del programa “Impulso al Emprendedor”, ejecutado por la Gobernación a través del Programa Departamental de Acción Social. La solicitud fue presentada por el concejal Alberto Ghiringhelli (PLRA).
El programa es encabezado por Blásida Chaparro, esposa del gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC), lo que añade un elemento de cuestionamiento político a la negativa oficialista.
Según el edil, el objetivo del pedido era verificar el proceso de selección y garantizar la transparencia, ante indicios de que los beneficios estarían concentrados en personas vinculadas a un mismo sector político.
Ghiringhelli argumentó su solicitud en base a la Ley Nº 5282/14 de Acceso a la Información Pública y la Ley Nº 5189/14 de Transparencia en el uso de recursos públicos.
Sin embargo, denunció que su planteamiento fue sometido a votación y rechazado por la mayoría oficialista. “Mi pedido fue denegado por mis colegas de la línea colorada”, cuestionó.
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La oposición al pedido fue liderada por la concejala Eleuteria López (ANR-HC), quien calificó la solicitud de “extemporánea”, al indicar que los informes ya estuvieron disponibles por 30 días.
Su postura fue respaldada por los concejales Jaime Recalde (ANR-HC), quien presidió la sesión ante la ausencia del titular David Cardozo (ANR-HC), así como por Diego Prieto (ANR-HC) y Ana Stete (ANR-HC).
No obstante, el concejal Edgar Morel (PLRA) desmintió esa versión y aseguró que revisó exhaustivamente los documentos remitidos por el Ejecutivo Departamental sin encontrar la nómina de beneficiarios.
“No había ni una lista. ¿Por qué no quieren transparentar? ¿De qué tienen miedo?”, cuestionó, reforzando las dudas sobre la gestión del programa.
De acuerdo con datos oficiales, “Impulso al Emprendedor” habría beneficiado a unas 380 personas en distintos rubros.
Sin embargo, la falta de acceso a la lista completa impide verificar la distribución real de estos recursos, lo que alimenta la percepción de discrecionalidad.
Este episodio no es un hecho aislado. En reiteradas ocasiones, la mayoría colorada bloqueó pedidos de informes impulsados por la oposición, consolidando un esquema de control político que facilita la aprobación de la ejecución presupuestaria del gobernador Fornerón sin mayores objeciones.
Ante ese panorama, crecen los cuestionamientos ciudadanos sobre el uso de fondos públicos en el departamento. Particularmente, se señala a la ONG “Progresando Ñeembucú”, que habría recibido millonarios recursos para el mejoramiento de caminos vecinales y rurales, obras que —según denuncias— no se reflejan en la realidad.
La negativa a transparentar datos sensibles no solo profundiza la desconfianza, sino que también debilita los mecanismos de control institucional en un contexto donde la rendición de cuentas es cada vez más exigida por la ciudadanía.